El presidente, Alberto Fernández, anunció mediante su cuenta oficial de Twitter la derogación el decreto que había firmado un par de meses atrás.
El presidente, Alberto Fernández, retrocediò con la intervención a la firma agroexportadora Vicentin, que había decretado el 9 de junio.
“Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días”, posteó el mandatario desde su cuenta oficial de Twitter (@Alferdez).
Continuò con otros tuits mediante los cuales el mandatario explicó el motivo de la marcha atrás.
«El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019″, reprochó, en dos posteos.
A partir del anuncio de la intervención de la agroexportadora y el consiguiente envío al Congreso de un proyecto de ley para que se la declare de utilidad pública y se la expropie, se suscitaron variados reclamos. El presidente Fernàndez reconociò, un mes después de aquel anuncio, que se equivocó, porque había imaginado que todos los argentinos iban a salir a celebrar la intervención del Estado en la empresa.
«Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo», dijo Fernández en otro tuit.
Se calcula que la empresa Vicentín tiene un pasivo de aproximadamente U$S 1.350 millones, de ellos unos U$S 1.000 millones con deudas bancarias y el resto, a empresas del sector agrícola. El banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $ 18.000 millones, seguido por el banco Provincia, con $ 1.600 millones.
«(Era) también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído. La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial», tuiteó Fernández.
Y en esa línea, anunció que el Estado avanzará por el cobro de lo adeudado por la firma. «He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado», afirmó.