La titular del PRO, Patricia Bullrich, y un grupo de diputados y senadores de Juntos por el Cambio enviaron un informe a la ONU, para denunciar supuestas irregularidades en el plan de vacunación impulsado por el Gobierno.
En el escrito, los dirigentes opositores señalaron que «el plan nacional de vacunación no cumple los estándares mínimos de respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas previstos por la Resolución 1/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del SACROI–COVID19, en particular los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación».
En plena campaña electoral de cara a las legislativas que se celebran este año, Bullrich aseguró que «la distribución de las vacunas no respetó los principios de igualdad y no discriminación», que «se privilegió a quienes forman parte del partido de gobierno» y que «a la vez, la información es prácticamente nula y la población no tiene acceso a la misma».
Con el objetivo de posicionarse políticamente y confundir a la sociedad, en el hilo que compartió en Twitter la dirigente de la oposición dijo que «genera enorme incertidumbre la falta de certeza respecto al momento de la vacunación» y agregó que «se desconocen las razones por las cuales sólo se compraron determinadas vacunas y se rechazaron otras a precios accesibles».
Sin embargo, los dichos de Bullrich contrastan con la realidad. Esta semana se alcanzó el récord diario de vacunación con más de 304 mil aplicaciones en todo el país, el gobierno oficializó el acuerdo con Rusia para la producción local de la Sputnik V y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció la compra de 10 millones de dosis de la vacuna india Covaxin.
Además, para garantizar la transparencia del proceso de vacunación, el Gobierno lanzó una plataforma que funciona como Monitor Público de Vacunación. Según los datos actualizados en la madrugada del viernes, hasta el momento en todo el país se han realizado 13.374.067 aplicaciones.
Del total de inoculaciones realizadas desde el inicio de la pandemia, 10.417.359 personas recibieron la primera dosis de alguno de los antídotos disponibles, mientras que 2.956.708 personas ya recibieron ambos complementos y se encuentran inmunizadas. El total de fármacos distribuidos en todo el país es de 17.322.690 dosis.
En cuanto a la producción local de la vacuna Sputnik V, este viernes los presidentes Alberto Fernández y Vladimir Putin formalizaron el acuerdo, siendo Argentina el primer país de América Latina en aprobar la vacuna y el segundo en el mundo. El jefe de Estado confirmó que el domingo partirá de Moscú un avión con el principio activo para comenzar de inmediato con el desarrollo en Argentina.
La producción en la Argentina quedará a cargo del Laboratorio Richmond, y su titular, Marcelo Figueiras, anticipó que la planta ubicada en el partido bonaerense de Pilar tiene una capacidad para realizar la formulación y el envasado de hasta 500 mil dosis por semana, aunque aclaró que la producción estará sujeta a la cantidad del principio activo que se envíe desde Rusia.
Bullrich insiste con politizar la pandemia a través de operaciones políticas. En las últimas semanas quedó expuesta en dos oportunidades: cuando acusó falsamente al Gobierno de pedido coimas a Pfizer, y cuando fue a una escuela de Morón a militar contra las clases virtuales en pandemia en nombre de los docentes y fue desmentida por los trabajadores de la educación.
La nueva denuncia, que cuenta con 28 páginas, hace un recorrido por el accionar de los distintos funcionarios del Gobierno, así como de las diversas vacunas con las que negoció Argentina, y sostiene que «puede inferirse que el gobierno nacional ha orientado el plan de adquisición de vacunas contra el virus covid-19 con miras a favorecer arbitraria e ilegalmente la participación de empresarios asociados al poder».
«Este plan ha llevado al fracaso del programa de prevención de la transmisión de la enfermedad, con el consecuente aumento del número de casos y de víctimas fatales, y la decisión de persistir en regímenes de restricciones de derechos de todas las personas», expresaron.
Oscar Aguad, Eduardo Amadeo, Federico Angelini, Florencia Arietto, Paula Bertol, Julián Curi, Juan Curutchet, Álvaro De Lamadrid, Jimena De La Torre, Omar Demarchi, Jorge Enriquez, Silvana Giudici, Martín Grande, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Luciano Laspina, José Nuñez, Gerardo Milman, Luis Petri, Laura Rodriguez Machado, Adriana Ruarte, Julio Sahad, Héctor Stefani, Pablo Torello, Ignacio Torres, Patricia Vásquez, Pablo Walter y Waldo Wolff son los diputados y senadores que acompañaron a Bullrich en su denuncia.