La sociedad salteña está expectante al levantamiento del secreto de sumario, lo que ocurría la semana entrante, según trascendió de fuentes que siguen de cerca las actuaciones.
El sábado 3 de septiembre Darío Monges fue encontrado con cinco tiros en la cabeza, dentro de su camioneta, que había llamado la atención de vecinos de barrio El Círculo, porque la Ecosport blanca llevaba dos días estacionada en una calle de ese barrio de la zona sur de la capital salteña. Con la comunidad conmocionada por la noticia, un vecino recordó que antes de la madrugada del jueves 1, en medio de la noche, había sentido voces masculinas, el ruido del cierre de la puerta de un vehículo y a alguien que dijo: «Ya está, vamos». Lo último que recordó haber escuchado fue la partida de otro vehículo.
Horas después de que fuera retirado el cuerpo de Monges del lugar, un frentista manifestó ante la prensa, preocupado, que un supuesto policía se presentó en su domicilio cuando su mujer se encontraba sola y únicamente se interesó en saber si existían grabaciones de una cámara de seguridad instalada en su casa. Aunque la mujer le aclaró al presunto investigador que esa cámara no grababa, más tarde habrían intentado robar el dispositivo «arrancándolo de cuajo». No fue ese el único hecho extraño por el que vecinos del lugar siguen angustiados.
Es que desde el vamos, el fiscal del caso, Rodrigo González Miralpeix, decretó una reserva de actuaciones que, tres semanas después, sigue teniendo la investigación bajo siete llaves. Por eso la sociedad salteña está expectante al levantamiento del secreto de sumario, lo que ocurría la semana entrante, según trascendió de fuentes que siguen de cerca las actuaciones.
Por el momento, solo se puede inferir que un asesinato en ocasión de robo no sería la hipótesis más convincente, porque Monges tenía un costoso reloj Rolex y una importante suma de dinero que no parecen haber interesado, en absoluto, a quienes ejecutaron el crimen con sello mafioso.
También se sabe que una de las principales líneas investigativas conduce al 1 de junio último, cuando Monges, funcionario de Vaqueros, asesor político y empresario de 40 años con llamativos perfiles y vinculaciones, visitó en la cárcel de Orán a Oscar Alberto Díaz, un recluso que una semana antes había sido detenido en Bolivia, tras permanecer desde mediados de 2020 prófugo y con una circular roja de la Interpol, como asesino a sueldo de una banda de narcotráfico, contrabando, lavado, trata y sicariato comandada por su suegro, Ricardo «El Coya» Rojas, en el frente fronterizo de Aguas Blancas.
«Este sujeto es el sicario más peligroso de Salta y mataba a personas por 80 mil dólares», remarcó el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo del Carpio, el 25 de mayo apenas recibió de fuerzas especiales de ese país la confirmación de la captura de Oscar «El Cabezón» Díaz.
Dos días después el temible criminal fue trasladado desde Tarija a Orán bajo medidas de seguridad especiales y quedó aislado e incomunicado en la Unidad Carcelaria Nº 3 de Orán. Apenas lo tuvo en ese penal, la fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, lo imputó en forma provisional por homicidio calificado criminis causa en perjuicio de Marcelino Valdez Cari, otro presunto miembro de la organización liderada por Rojas, que fue asesinado en Orán en junio de 2020 por tres sicarios.
El mismo 27 de mayo, según se aclaró oficialmente, la fiscal Carreras empezó a solicitar que Díaz fuera trasladado a la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Salta, porque en el penal de Orán no estaban dadas las condiciones de infraestructura para evitar una eventual fuga del peligroso asesino por encargo.
Solo cinco días después, Monges se presentó en el penal de Orán haciéndose pasar por abogado y asesor de la Secretaría de Seguridad de la Provincia. Según los informes reunidos en un sumario interno que motivó esa irregular visita, aquel 1 de junio el falso abogado le manifestó al jefe del penal oranense, Cristian Rivero Urquiza, que la Secretaría de Seguridad lo había comisionado para entrevistar al recluso porque se estaba evaluando su traslado a la Unidad Carcelaria Nº 1 de Salta.
Tres días después, con el penal de Orán convulsionado por el sumario interno que ordenó el ministro de Seguridad Abel Cornejo, y los pedidos de informes cursados desde la Inspección General del Servicio Penitenciario de Salta, el juez de Garantías 2 del distrito norteño, Claudio Alejandro Parisi, dispuso el traslado de Díaz a Villa Las Rosas.
La medida se cumplió en horas siguientes con un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad especiales.
Hoy Díaz está aislado en un pabellón de máxima seguridad, en el que se instaló un sistema de cámaras de videovigilancia que monitorea los movimientos de todo ese sector del penal las 24 horas.
Es llamativo que, en vista de los antecedentes, en los más de tres meses que pasaron desde aquella irregular visita no se halla citado a declarar a Monges, la cadena de funcionarios penitenciarios encabezada por el director de Políticas Penales, Ángel Sarmiento, y al entonces secretario de Seguridad de la Provincia, Benjamín Cruz, quien actualmente se desempeña como secretario de Gobierno en el municipio capitalino.
En las últimas dos semanas, Sarmiento señaló en diferentes medios a Cruz como el funcionario que pidió que se autorizara a Monges a visitar a Díaz. Con los informes del sumario interno que se abrió entonces, el ministro Abel Cornejo elevó el 8 de junio al procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, una nota en la que le pidió investigar la posible comisión de un delito de acción pública. Según información del Ministerio Público, desde el 10 de junio la fiscal penal norteña Mariana Torres estuvo a cargo de la investigación de los graves hechos destapados en la cárcel de Orán. En los últimos días, Cruz rompió el silencio para aclarar algunos de los señalamientos que se le hicieron con respecto a esa insólita visita y dijo que nunca fue citado a declarar.
Cruz aclaró que nunca lo citaron
En los últimos días el exsecretario de Seguridad, Benjamín Cruz, rompió el silencio y salió a los medios a negar cualquier vínculo de amistad con Darío Monges. Dijo que lo conoció durante su gestión como funcionario provincial, solo por tratativas que el falso abogado, asesinado el pasado 3 de septiembre, hizo ante el citado organismo en representación del municipio de Vaqueros.
Cruz sostuvo que, por el momento, no responderá a las afirmaciones que hizo Ángel Sarmiento sobre su presunta responsabilidad por la visita irregular que hizo Monges al recluso Oscar Díaz en Orán, porque la causa sigue con secreto de sumario. Cruz sí aclaro que en todo este tiempo no recibió citaciones judiciales.
Tampoco fue llamado a declarar Sarmiento, quien en una de las últimas entrevistas periodísticas anunció que hará una presentación espontánea para aportar pruebas de la responsabilidad que adjudicó a Cruz. Cuesta creer que en tres meses no se haya llamado a declarar a los funcionarios involucrados. Sí se supo que un policía fue comisionado para indagar a Díaz tras los muros de un penal y que el fiscal Rodrigo González Miralpeix pidió días atrás a su par Pablo Paz que analice imputaciones contra Sarmiento, por haber deslizado el apellido de ese policía y detalles de la visita carcelaria del 1 de junio, que hoy ya debería estar aclarada judicialmente.
Todo es muy extraño. Y lo único concreto es que Monges, tres meses después de visitar como falso abogado a Díaz, fue encontrado en su camioneta con cinco tiros en la cabeza.