La actividad en comisiones comenzaría la próxima semana. Después, el oficialismo buscará convertir en ley las reformas de la Justicia Federal y de la Procuración.
Tras un breve receso durante la primera quincena de enero, la Cámara de Diputados volvería a sesionar este mes como preludio de un febrero agitado por las sesiones extraordinarias con las que el Gobierno busca avanzar con varios proyectos que considera clave: como la reforma a la Justicia Federal y la modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal para destrabar la designación de un nuevo procurador general, que ya tienen media sanción del Senado.
La Cámara baja sería la primera en retomar la actividad legislativa. Tras la última sesión del año 2020 –en la que convirtió en ley la nueva fórmula para calcular la movilidad automática de jubilaciones y pensiones–, cerca del titular del cuerpo, Sergio Massa, admitieron que se volvería a sesionar en la semana del 20 de enero y ya surgieron fechas tentativas: el lunes 18 o el martes 19 de este mes. Por lo que el viernes 15 ya se comenzaría a trabajar en comisiones.
El temario que inicialmente baraja la bancada oficialista del Frente de Todos incluye el Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece que cualquier tipo de endeudamiento con fondos internacionales (incluso con organismos internacionales de crédito, como el FMI) deben ser aprobados previamente por el Congreso de la Nación; la ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y la prórroga por cuatro años de beneficios para los productores de biocombustibles y que abarca a 54 plantas asentadas en diez provincias.
También se podrían sumar al debate proyectos para modificar el reglamento interno de la Cámara baja, con los que Massa se propone terminar con las sesiones maratónicas y definiciones sobre proyectos importantes en plena madrugada. Una de las iniciativas del FdT propone limitar el tiempo de las sesiones, que en caso de extenderse se cortarían con un cuarto intermedio a las 24 horas del día de sesión para retomar su continuidad a las 8 horas del día siguiente, sin necesidad de tener que volver a reunir el quórum que originalmente abrió la sesión. Además, se propone pasar al final de las sesiones los pedidos de cuestiones de privilegio, con los que habitualmente comienzan los debates y cuya extensión demora la apertura del tratamiento de los proyectos de la convocatoria.
El Senado, por ahora, no tiene agenda prevista para lo que resta de enero. Pero ha dejado varias medias sanciones que deberá terminar de definir Diputados. Entre ellas, dos que el Gobierno considera centrales y no quiere demorar más y que serán parte de las sesiones extraordinarias que el Ejecutivo extendió hasta el 28 de febrero.
Una de ellas es la reforma de la Justicia Federal aprobada por el Senado el 27 de agosto, con la que el oficialismo no pudo avanzar en Diputados y en la que deberá sellar acuerdos con distintos bloques de la oposición frente a la negativa acérrima de la principal bancada opositora de Juntos por el Cambio. La iniciativa propone fortalecer la Justicia Penal Federal con la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. También promueve la creación de juzgados, cámaras y fiscalías en todo el país para avanzar en la implementación del postergado sistema acusatorio que llevarán adelante los fiscales.
Otro proyecto clave es el que modifica la ley del Ministerio Publico Fiscal. El texto de la media sanción reduce de los actuales dos tercios a la mayoría absoluta (la mitad mas uno de los miembros de la Cámara alta) para la designación del Procurador General. Una iniciativa con la que el oficialismo busca destrabar el nombramiento de un nuevo jefe de los fiscales ante la negativa de Juntos por el Cambio, que rechaza la candidatura propuesta por el Gobierno del juez Daniel Rafecas. La iniciativa también reduce el mandato del procurador a cinco años y le quita la potestad de ser un cargo vitalicio.
También estará en discusión la modalidad que tendrán las sesiones extraordinarias. El Senado tiene extendida la modalidad virtual hasta marzo, mientras que Diputados deberá resolver si prorroga o no la sesiones con mayoría presencial en medio del aumentos de contagios del coronavirus.