El proyecto establece un régimen permanente de protección para las personas con discapacidad. Ahora deberá ser tratado en el Senado.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves 22 de octubre un nuevo proyecto de ley de discapacidad, luego de una extensa negociación política que permitió alcanzar un acuerdo entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y bloques dialoguistas. La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, una mayoría que reflejó el respaldo de buena parte del arco parlamentario, aunque también dejó expuestas diferencias sobre el financiamiento, la aplicación de los derechos y la situación de miles de personas que esperan respuestas del Estado.
La propuesta, denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, consiguió media sanción y ahora deberá pasar al Senado para completar su recorrido legislativo. El texto retoma gran parte de los beneficios contemplados en la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pero introduce una modificación central: busca eliminar el carácter transitorio de esas medidas para convertirlas en disposiciones permanentes, con continuidad más allá de los cambios de gobierno.
El resultado de la votación, informado al cierre de la sesión, fue posible después de que el oficialismo aceptara una serie de modificaciones impulsadas por el presidente del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, y de que Unión por la Patria decidiera sumarse al entendimiento. La negociación se desarrolló en medio de cuestionamientos por el funcionamiento del sistema de prestaciones, las demoras en el otorgamiento de pensiones y las partidas previstas para discapacidad en el Presupuesto nacional de 2027.
Qué cambia con la nueva ley de discapacidad aprobada en Diputados
Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa es que pretende establecer un régimen de protección social permanente para las personas con discapacidad. A diferencia de la legislación de emergencia, cuya vigencia tiene un plazo determinado, el nuevo esquema busca fijar obligaciones estables para el Estado nacional en materia de pensiones, cobertura sanitaria, prestaciones y financiamiento.
Entre sus principales disposiciones se encuentra la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, un beneficio fundamental para quienes cumplen las condiciones establecidas por la normativa. El proyecto contempla, además, la posibilidad de compatibilizar la percepción de la pensión con determinados ingresos provenientes de una actividad laboral, con el objetivo de evitar que el acceso a un empleo implique automáticamente la pérdida de la prestación.
Otro punto central está relacionado con el nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad, que establece valores de referencia para distintos servicios y tratamientos. La iniciativa ratifica el principio de aranceles homogéneos en todo el país y contempla mecanismos de actualización para evitar que los montos queden desfasados frente al aumento de los costos. Este aspecto es especialmente relevante para instituciones, profesionales, centros terapéuticos y familias que dependen de la continuidad de las prestaciones.
El proyecto también aborda la cobertura de salud, el financiamiento del sistema y los mecanismos de auditoría y control. Sin embargo, durante el debate parlamentario distintos legisladores advirtieron que la aprobación de una nueva norma no resolverá por sí sola los problemas existentes si no se garantizan los recursos necesarios para cumplirla.
Es importante señalar que estas disposiciones todavía no entraron en vigencia como nueva legislación. La aprobación en Diputados constituye una media sanción y resta conocer el resultado del tratamiento en la Cámara alta.