Ante un nuevo hecho de violencia de género en Salta capital, desde la fundación Volviendo a Casa exigen explicaciones frente al intento de femicidio.
Exactamente un mes después del brutal asesinato de la maestra Rosa del Milagro Sulca en Villa Mitre, se produjo, según denuncia de por medio, un hecho de violencia de género en el que también se cuestiona el accionar de la Policía de Salta. El femicidio de la maestra desnudó las falencias del sistema de seguridad de la provincia, a tal punto que además de las dos personas imputadas como coautoras del crimen hay ocho funcionarios policiales también imputados. Este último caso, donde el presunto agresor no logró consumar el femicidio, prendió las alarmas y desde la fundación Volviendo a Casa exigen explicaciones frente a otra «inacción policial».
El jueves 28 de mayo P.F. sostuvo haber sido víctima de violencia por parte de su expareja, un conocido abogado salteño, quien por diversos motivos, al parecer de larga data, volvió a ejercer violencia en su contra, esta vez no solo psicológica sino también física. Vecinos que escucharon los gritos de la víctima llamaron al Sistema de Emergencias 911 cuando el agresor bajaba de los pelos por una escalera a su ex y la golpeaba llegaron los efectivos, quienes sorprendiendo al violento sujeto.
Sin embargo, el letrado pudo salir sin que fuera detenido o demorado por parte de los uniformados, mientras la víctima manifestaba su temor y preocupación por lo que pudiera pasarle, e intentó presentar la denuncia contra el agresor, pero su relato sobre lo ocurrido no tenido muy en cuenta, al menos durante los primeros días de ocurrido el hecho.
La mujer solicitó a la fundación Volviendo a Casa, personería jurídica 972/15, el acompañamiento para tratar de resguardar su integridad y recibir ayuda. «La señora solicitó a esta fundación contención y acompañamiento ante la situación de violencia de género de la que fue víctima por parte del abogado Matías Sanz Navamuel, asesor legal de la Cámara de Senadores de la provincia», sostuvieron desde la organización.
«Los policías llegan a la vivienda de P.F. cuando era golpeada y no hicieron nada, dejaron que el agresor se fuera y luego tampoco hicieron nada con el accionar posterior en pos de resguardar a la víctima. No fueron capaces de trasladarla para que un médico legal la revisara, tampoco para que hiciera la denuncia, la abandonaron», dijo Isabel Soria, directora de la mencionada fundación y agregó: «Recién 10 días después, el 28 de mayo, le recibieron la denuncia, antes se la habían negado en más de una oportunidad». La víctima también se presento en el Polo de la Mujer -calle República de Siria– desde donde corrieron vista al Juzgado de Violencia Familiar y de Género 2.
Según contó la fuente, el abogado volvió a la casa de la víctima el 29 de mayo, pese a la consigna policial que se le había puesto. «Después de golpear violentamente la puerta de acceso, el abogado quiso ingresar por la fuerza a pesar de que en el lugar había una consigna policial. Volvieron a llamar al 911 pero tampoco pasó nada», contó Soria. El 29 de mayo el abogado fue «excluido» del hogar además de tener prohibido acercarse a su ex.
Garantizar el acceso a la Justicia
“No podemos olvidar el aberrante asesinato de la docente Rosa Sulca quien por el ineficiente accionar de la Policía de Salta, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia, fue asesinada en el barrio Villa Mitre”, sostiene el comunicado de la fundación Volviendo a Casa. En ese sentido apunta: “Consideramos que el acceso a la Justicia no está plenamente garantizado para las víctimas de violencia de género en el contexto del COVID-19. Los obstáculos subsisten por parte del Estado, naturalizar estas conductas y prácticas desde la Policía significa tolerar la vulneración de derechos hacia las mujeres”.
Desde la fundación solicitaron al Sistema de Emergencias 911 el registro de llamadas del día 18 de mayo entre las 12.30 y las 13, del pedido de auxilio de los vecinos que se comunicaron con el personal policial. Quieren saber si el denunciado tuvo contacto con algún funcionario de la fuerza para poder actuar con total impunidad.