El Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta (ENRESP) anunció que autorizó a la prestataria del servicio eléctrico, EDESA, a incrementar sus ítems en un 32%, apenas 5 puntos por debajo de lo que la empresa solicitaba (37%).
En medio de la batalla contra la inflación, en la que ya aumentaron, entre otras cosas, los servicios de internet, telefonía celular, las prepagas y el GNC, ayer el Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta (ENRESP) anunció que autorizó a la prestataria del servicio eléctrico, EDESA, a incrementar sus ítems en un 32%, apenas 5 puntos por debajo de lo que la empresa solicitaba (37%).
En una conferencia de prensa que se realizó en el mismo Ente Regulador, el titular de ese organismo, Carlos “Uluncha” Saravia, aclaró que siguiendo la normativa vigente, la empresa solicitaba ese incremento del 37% “desde marzo del 2021 a julio del 2022”, pero autorizó el 32% debido a que se fijó una política tarifaria en el que “ningún incremento tarifario puede estar por encima del 50% del incremento que se otorgue a los salarios o del índice inflacionario”.
Además resaltó que definieron imponer un “congelamiento” de tarifas hasta el 30 de junio del año que viene, pero dentro de la competencia provincial, que es sobre el valor agregado de la distribución, y no sobre el valor de la generación de energía, que la manejan otras empresas como ENARSA y que son reguladas por la Nación.
La aclaración de Saravia viene a cuento de que el próximo viernes se definirá que los grandes usuarios, aquellos que tienen potencias de hasta 300 kilovatios, deberán pagar con un incremento del 69%. A lo que se suman las audiencias por los aumentos en electricidad y gas previstos para junio y que se realizarán entre el 10 y el 12 de este mes, en donde el gobierno nacional presentará un esquema de segmentación de tarifas por el cual los usuarios de mayor capacidad de pago dejarán de tener subsidios y comenzarán a recibir el valor pleno. Para el resto de los usuarios, los aumentos irán en línea con la evolución de los salarios. Se calcula que alrededor del 10% del total de los usuarios del país comenzará a pagar una tarifa plena.
El funcionario del ENRESP contó que en abril ese organismo realizó con una campaña de medición “de lo que es la demanda de consumo y potencia de todos los usuarios de la provincia”, un estudio que no se había realizado en 26 años, dijo. A lo que sumó otro estudio de “revisión tarifaria integral” que culminará el 30 de junio de 2023, por lo que los próximos aumentos podrán ser evaluados recién después de esa fecha.
Con los datos de medición de consumo, el organismo determinó adelantarse a la decisión de Nación y ser “la primera provincia en segmentar por condición socioecónomica las tarifas”. Así se crearon dos categorías tarifarias, la primera sobre la Residencial 1, que son quienes consumen hasta 192 kilovatios, y una segunda que es para los que consumen hasta 400 kilovatios por mes, “un grupo familiar de cuatro integrantes que hace un uso racional, consume aproximadamente 105”, detalló.
Pero el titular del ENRESP agregó que también contemplaron a aquellas familias que no tienen ingresos suficientes para comprar electrodomésticos de mayor calidad y de bajo consumo, por lo que se incluyeron aquellos sectores más necesitados cruzando datos con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), que determina a aquellos que cobran sueldos, jubilaciones o pensiones que no superen dos salarios mínimos, los subsidiados por desempleo, por embarazo, los comedores, merenderos y los monotributistas sociales de las categorías A y B. A los que se suman aquellos grupos comprendidos en los barrios populares que distinguió el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Ese padrón es de 112.000 familias usuarias, que representan aproximadamente el 40% de la población, contó Saravia. Y sobre la que impactará solo el 50% del incremento, es decir, pagarán un 16%, de aquí a fin de año de la siguiente manera: un 10% por el período marzo/21 a marzo/22 que comienza a correr a partir de mayo. Otro 3% a partir de agosto, y un último incremento del 3% en octubre. El resto de las categorías tendrán un incremento del 20% en mayo y 6% en los otros dos tramos, alcanzando el 32%.
De esa manera, ejemplificó que para un Residencial 1, que consuma menos de 192 kilovatios, tendrá un aumento de $181 en su factura, mientras el que está en el sector “vulnerable” pagará $92. En la categoría siguiente (hasta 500 kilovatios), pagarán un aumento de $560, y los sectores más empobrecidos sufrirán un aumento de $249. La tarifa diferenciada se aplicará de manera automática, por lo que no requiere trámites. Aunque de haber diferencias, se podrá realizar el debido descargo en el ENRESP para que sea evaluado.
Por último, Carlos Saravia aprovechó para fustigar a los legisladores provinciales que aún, tras dos años de idas y vueltas, no aprobaron la reforma de la Ley que dio vida al Ente Regulador y que prevé el canon de las multas a las prestatarias de servicio de agua y luz para readecuarlas a los tiempos que corren, ya que lleva más de dos décadas de retraso tarifario.
De esa manera, siguiendo el proyecto que ya tiene media sanción del Senado pero que espera la sanción definitiva en Diputados, los montos de las multas por incumplimientos podrán elevarse hasta un máximo de $45 millones. Cuando hoy no pueden superar el millón de pesos “para empresas que tienen recaudaciones de $15 mil millones”, como el caso de EDESA.
“Decidimos dejar de esperar a la Legislatura provincial para que nos dé la herramienta necesaria para trabajar como se debe con el proceso sancionatorio adecuado”, manifestó, “para que cada sanción que se imponga produzca el efecto debido y que corrijan el accionar”, agregó.
Añadió también que le ordenaron a EDESA a que realice de manera urgente obras en los departamentos de San Martín, Orán, Anta y Metán por $411 millones. “Ahí hay más cortes de lo permitido y se superan las horas admisibles de corte”, explicó. En esos lugares, ya hay una preasignación por $221 millones más convenidos con la Secretaría de Energía de la Nación para realizar obras de infraestructura.
Salvador Mazza sufre entre 20 y 30 cortes en época estival, contra 2,2% mensuales que tiene capital, “quiere decir que tenemos una política centralista que tenemos que revertir con respecto al interior”, reconoció Saravia.