No van al sistema penitenciario ni quedan en comisarías. Cumplen detención domiciliaria, con controles diarios para constatar que acaten la orden de aislamiento social.
El coordinador de los fiscales penales de la provincia, Pablo Rivero, informó que los detenidos por violación del aislamiento social preventivo y obligatorio no son ingresados al Servicio Penitenciario de Salta ni quedan en las comisarías, sino que son enviados a cumplir prisión domiciliaria, con controles de parte de la Policía para constatar que cumplan con esta medida.
El Ministerio Público Fiscal de Salta difundió ayer una entrevista al coordinador fiscal para despejar dudas sobre la actuación conjunta entre los fiscales provinciales y los federales. El MPF sostuvo que hasta hoy hay más de 500 detenidos por violación al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/20, por el que el gobierno nacional dispuso el aislamiento social como medida para mitigar la expansión del coronavirus. A la noche el gobernador Gustavo Sáenz subió el número de detenidos a más de 600.
Rivero precisó que las detenciones se concretaron en Salta Capital, Orán, Tartagal, Cafayate, Joaquín V. González, Metán, Salvador Mazza, y Rosario de la Frontera. Y recordó en este sentido que la Procuración General de la Provincia dio instrucciones sobre el abordaje a los transeúntes por parte de las fuerzas de seguridad: «primero deben preguntar motivo de salida (para descartar excepciones contempladas en el DNU), luego intimar el regreso a los hogares y si hay posible comisión de delito, recién concretar una detención», sostuvo.
Añadió que cuando se disponen detenciones, con intervención del juez de Garantías de turno, esas personas son enviadas a prisión domiciliaria, si es necesario se dicta luego una prórroga y finalmente, como última medida, la prisión preventiva. «Sobre el listado de intimados se cumple un control efectivo y diario del cumplimiento», sostuvo el fiscal.
Respecto del trabajo conjunto entre las fiscalías de la provincia y las federales, Rivero destacó que «funciona muy bien», afirmación con la que anticipadamente desmintió al gobernador, quien por la noche aseguró que hay discusiones por la competencia entre los Ministerios Públicos Fiscales de provincia y Nación respecto de las violaciones a la cuarentena y la legislación que pena los delitos contra la salud pública.
Rivero destacó que la Procuración General de la Nación recordó que las infracciones al artículo 205 del Código Penal son de competencia federal. No obstante, «y a los fines de preservar la salud pública, desde Nación se hizo hincapié en la necesidad de evitar los planteos de competencia en los casos en que ya se encuentre interviniendo la justicia provincial. Por eso, los fiscales provinciales intervienen frente a la posible comisión de hechos delictivos relacionados con el Covid-19 cuando se registran en el territorio de la provincia de Salta y siempre que no se encuentren sometidos a la jurisdicción federal», en lugares como aeropuertos, rutas nacionales.
El coordinador sostuvo por otro lado que todos los fiscales penales de la provincia «se encuentran afectados a las guardias telefónicas de 24 horas y a las tareas que surgen de los incumplimientos» del aislamiento social. Puso énfasis también, igual que en una comunicación anterior del MPF salteño, en que los operativos de las fuerzas de seguridad tienen que ser notificadas «por todos los medios (telefónica, mail, Whatsapp, página web, etcétera) para el cumplimiento de la instrucción». En el mismo sentido, destacó «la predisposición de los fiscales federales, quienes han venido articulando las tareas de una manera rápida y eficaz con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia».
Fuente: Página 12