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Política

Prorroga por un año la ley de emergencia en la provincia

El gobernador Gustavo Sáenz volvió a prorrogar por un año la ley de emergencia económica en la provincia, que está vigente desde 1990.

Con la firma del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 766, el gobernador Gustavo Sáenz volvió a prorrogar por un año la ley de emergencia económica en la provincia, que está vigente desde 1990 y que deberá ser enviada a la legislatura en el plazo de cinco días.

“Que aún resulta necesaria la continuidad de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Provincia, en el marco de los objetivos trazados; que sumado al actual contexto de emergencia socio-sanitaria por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, implica una situación que requiere de un accionar estatal diligente dada la significativa disminución en la recaudación de las arcas estatales” señala el decreto.

“Que por ello, resulta insoslayable sostener el actual sistema, con el objeto de evitar la caída abrupta del régimen de Emergencia económica, con los consiguientes riesgos que ello implicaría para la Administración; que ante los argumentos expuestos, el Ejecutivo Provincial entiende que existen razones suficientes que aconsejan la utilización de los mecanismos previstos en el artículo 
145 de la
Constitución Provincial, toda vez que posibilita la aplicación de normas sancionadas y hasta tanto se pongan en funcionamiento los resortes constitucionales”, consigna el DNU que también lleva la rúbrica de todos los integrantes de la primera línea del Gabinete provincial.

La norma prorrogada (la ley 6.583) suspende por un año, con carácter general, los subsidios y subvenciones y todo compromiso que afecte recursos del Tesoro provincial y hace lo propio sobre beneficios tributarios previstos en los regímenes de emergencia agropecuaria y forestal.
A la vez, abarca a los regímenes de promoción, disposiciones administrativas y de protección del trabajador y el empleo, entre otras.
Con esa herramienta queda a la discrecionalidad del Gobierno qué parte de sus obligaciones puede cumplir.

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