Piden que el gobernador Sáenz deje sin efecto el contrato de la actual concesión y reactive de alguna forma la planta. Ya pasaron siete meses y los trabajadores de la embotelladora Palau siguen sin cobrar sus sueldos desde marzo.
Catorce son los empleados que se encuentran en esta difícil situación, en el medio sus familias, las deudas y las boletas de los servicios que siguen llegando pero no pueden ni soñar en cubrir todos estos gastos y más.
A través del Ministro de la Producción que preside Martín de los Ríos, les pidieron paciencia, y les aseguraron que ya había unos interesados en la concesión, les dijeron que pronto se rescindiría el contrato de la actual concesión, y les prometieron una pronta solución. Pero todavía no hay novedades.
La concesión de Las Aguas de Palau, está a cargo de los miembros de la UTE conformado por Agropecuaria Las Garzas SA de Luciano Di Tella, Eduardo Noman y Loro Giacossa, desde enero del 2018. Los mismos estuvieron presentes el día de la firma, y nunca más regresaron a la planta como tampoco jamás realizaron inversión ni mantenimiento alguno.
Mario Rivadeo, trabajador de la Palau, manifestó a El Tribuno: «Nuestro pedido es que el Ministro Martin de los Ríos y el Gobernador nos dé una solución porque nuestra situación está bastante complicada. No tenemos respuesta de ellos, no vinieron más».
«Desde marzo que estamos sin cobrar nuestros sueldos, únicamente la ATP, pero eso no nos alcanza y ya es preocupante por toda la familia que está atrás de cada uno, cada vez se complica más nuestra situación», dijo.
Ante la pregunta si cómo llevan sobreviviendo estos siete meses, expresó: «Nos damos vuelta como podíamos, algún familiar o amigo también nos prestó dinero, pero ahora ya son siete meses y no podemos seguir pidiendo prestado, todo eso hace que nuestra situación se ponga peor».
«Lo más preocupante es que la planta sigue parada, desde abril que no produce nada y nosotros queremos que se active de nuevo y pedimos una solución por la situación que estamos pasando económicamente», pidió.
En cuanto a la postura que esperan por parte del Gobierno, el trabajador señaló: «El Gobierno solo tiene que tomar la decisión de quitarle la concesión a la empresa o hacer que se ponga en regla, porque no hace ni cosa ni otra. No la obliga a que se vaya ni que nos pague todos los sueldos que nos adeudan».
«La planta al ser de la Provincia, la decisión sólo la puede tomar el gobernador o el ministro. Después habrá que ver a qué empresa le otorga la concesión y las reglas para su explotación», indicó. En estos siete meses, aparecieron supuestos inversores e interesados por la embotelladora, inclusive anunciadas por el propio ministro De los Ríos en una de las últimas visitas a los trabajadores.