Un funcionario de Animaná cargó contra el Concejo Deliberante de Cafayate.
Federico Barrientos, secretario administrativo legal de la Municipalidad de Animaná, escribió una dura carta contra los concejales de Cafayate por las medidas adoptadas durante la cuarentena.
Barrientos criticó que los ediles cafayateños pretendan impedir el ingreso de ciudadanos de las localidades vecinas como Animaná y San Carlos. Dijo que la ordenanza impide que los ciudadanos puedan acceder a servicios esenciales.
«De más esta poner en evidencia que en localidades como Animaná, San Carlos, Angastaco, Colalao del Valle (Tucumán), no se cuenta con algunos servicios de aprovisionamiento básicos por lo que necesariamente deben concurrir de modo ‘indispensable’ a la Ciudad de Cafayate», escribió.
«Animaná no cuenta con una Farmacia, tampoco existen en estas localidades variedad de comercios que operen con Tarjetas de Crédito, Débito, Tarjeta Alimentar, etc. Tampoco contamos con la atención de organismos como la Anses, Pami, otras obras sociales, Entidades Bancarias, surtidores de combustible, con las que sí cuenta la ciudad de Cafayate, por su ubicación geo-territorial», detalló.
Barrientos advirtió que en los próximos días «las entidades bancarias y el Correo Argentino, con sucursal en Cafayate, liquidarán jubilaciones, pensiones, AUH y otros beneficios sociales» y que «se ha dispuesto la atención personal y de carácter excepcional, en las entidades bancarias, a los fines de pagar a aquellos jubilados o beneficiarios sociales, que no cuenten con tarjeta de débito para operar de forma digital».
«¿Entonces, los sectores más vulnerables tendrán que atenerse a esta medida arbitraria, dejándo de lado sus necesidades de medicamentos y alimentarias? Señores concejales de Cafayate, antes de sancionar una normativa, se tiene que analizar el plexo normativo general; se deben tener en cuenta las circunstancias particulares del lugar y la población; cómo las decisiones impactan en ellos; cómo las decisiones pueden contrariar la pirámide jurídica normativa; cómo puede, una decisión de este tipo, decantar en procesos judiciales que afecten al municipio. Están habilitados, en esta situación, a realizar limitaciones al ejercicio de los derechos, siempre y cuando éstas sean RAZONABLES», escribió.
«¿Quieren que la población de nuestros municipios carezca de bienes y servicios esenciales que solo se brindan en su ciudad? ¿Uds. Son funcionarios dotados de humanidad y empatía o matarifes de la política opositora de turno?», se preguntó Barrientos, que les pidió a los concejales cafayateños que «den marcha atrás con esta desacertada decisión».