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Política

El Concejo aprobó el Programa de Atención al inquilino en la ciudad de Salta

La aprobación del proyecto, impulsada por el concejal José García, presidente del bloque Unidos por Salta, no contó con el apoyo de los bloques de Juntos por el Cambio+ (JxC+) y la Unión Cívica Radical (UCR). 

En la última sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta se aprobó una serie de modificaciones a la ordenanza 14.501, que crea la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta. Entre ellas, se destacó la creación del Programa de Atención al Inquilino, además de que se modificó de dos a cuatro años la duración del mandato de la persona designada como Defensora del Pueblo y secretario letrado. 

La aprobación del proyecto, impulsada por el concejal José García, presidente del bloque Unidos por Salta, no contó con el apoyo de los bloques de Juntos por el Cambio+ (JxC+) y la Unión Cívica Radical (UCR). Ambos espacios afirmaron que se estaba actuando por fuera de las competencias del Concejo y se estaba creando un gasto extra en el Estado municipal

García aseguró durante el tratamiento que la iniciativa se dio por la situación compleja que enfrentan los locatarios al momento de alquilar, sobre todo, cuando aún no se trata en el Congreso de la Nación la reforma de la Ley 27.551, de Alquileres. «Este programa se propone generar el compromiso de acompañar, atender y prestarle atención a las consultas que quiera hacer el locatario» y el locador, dijo. 

Por ello, se modificó el artículo 9 de la ordenanza 14.501, que dispone la creación del programa y establece que su implementación dependerá de la Defensoría del Pueblo. En ese marco, el objetivo será «la defensa de los derechos de los inquilinos frente a posibles conductas abusivas de locadores, propietarios o corredores inmobiliarios, cuyos contratos hayan sido suscriptos por escrito o se trate de contratos verbales». 

El Programa tendrá como funciones asesorar a locatarios y locadores en cuanto a sus derechos y obligaciones, conforme las normativas vigentes; la disposición de horarios y canales de atención adecuados, como correo electrónico, número de teléfono o WhatsApp, y la recolección de información de los diferentes organismos públicos y municipales relacionados a los alquileres. 

También deberá ofrecer una instancia de conciliación voluntaria para problemas suscitados entre locadores y locatarios, y tendrá el deber de constituir una mesa de diálogo con el fin de debatir valores de alquiler según zonificación, porcentajes de actualización, números de referencia y cualquier otra temática de interés respecto de los contratos celebrados. 

Se sumará la intervención en instancias prejudiciales ante diversos organismos para mitigar los efectos del desalojo de un inquilino, principalmente cuando la vivienda se encuentre habitada por personas en estado de vulnerabilidad. Además, podrá participar en procesos judiciales de desalojo en calidad de amicus curiae, con el fin de proponer soluciones pacificas al conflicto de intereses presentados.

El autor del proyecto defendió la iniciativa al reiterar que se estaba dando un espacio para que las personas inquilinas puedan trasladar sus preocupaciones. Contó que en otras ciudades del país existe una Defensoría del Inquilino, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. «Considero que nos estamos comprometiendo y dando un paso certero de animarnos a tocar temáticas que no nos hemos animado», dijo, al tiempo que reclamó a sus pares que ninguno se manifestó por el pedido de reforma de la Ley de Alquileres

Rechazos, y apoyos

A pesar de la defensa, inmediatamente el bloque de Juntos por el Cambio+ salió al cruce e inició el debate de la mano del edil Pablo López, quien rechazó que el proyecto se manifieste en defensa de un solo actor, como es el inquilino, cuando «también tenemos inquilinos abusivos». En esa línea, cuestionó la actual Ley de Alquileres y aseguró que su creación sólo generó problemas porque «no hay alquileres accesibles» a partir de la legislación. 

«Creo que es importante discutir sobre la problemática de los alquileres», concedió López, pero consideró que debería pensarse cómo hacerlo y rever si es una atribución que podría tener la Defensoría del Pueblo

Por su parte, el presidente del Bloque de JxC+, José Gauffín, pidió claridad al momento de legislar y sostuvo que la iniciativa de García «no conduce a nada»«Es una  ordenanza para la tribuna porque despierta enormes expectativas» y después no tendrá incidencia en la práctica económica ni legal, según el concejal. «No voy a votar una norma que es inútil en su ejecución práctica y no vamos a votar más gasto público en algo que es inútil», aseguró. 

Del otro lado, el concejal Guillermo Kripper (UPS) se mostró a favor y consideró que muchas de las preguntas, sobre todo respecto de cuestiones legales, que pueden hacerse los inquilinos «las pueden encontrar en este programa». «Celebro que nos ocupemos de temas que le preocupan a la gente en este momento», expresó, asegurando que se deben crear herramientas de respuestas. 

Mientras que la presidenta del bloque Salta Independiente, Paula Benavides, defendió la iniciativa y afirmó que su aprobación no «viene a agravar» lo ya dispuesto en la Ley de Alquileres. «Creo que es un proyecto positivo», dijo, al destacar los espacios de diálogo e intercambio que se generarán con la ordenanza. En la misma línea habló el edil Ignacio Palarik, quien sostuvo que se deben impulsar precedentes en este tipo de temas. 

Al contrario, la concejala de la UCR, Laura Jorge, afirmó que no es competencia del Concejo Deliberante legislar al respecto. «Ampliar la competencia en relación a los alquileres creo que no nos corresponde», ratificó. «No podemos vender humo a la sociedad», añadió. Mientras que Emilia Orozco (JxC+) dijo que rescataba el espíritu del proyecto, pero consideró que «crear un programa que genere mayores gastos no es la solución». 

En el proyecto de ordenanza también se estableció que el cargo de Defensor del Pueblo durará cuatro años y podrá ser reelecto con el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Concejo Deliberante. El mismo período también se modificó para el secretario letrado, quien es el reemplazo del Defensor en caso de ausencia o enfermedad. 

La iniciativa finalmente fue aprobada por la mayoría y contó con los votos negativos de JxC+: Gauffín, Orozco, López y Agustina Álvarez; y de la UCR: Jorge y Alberto Salim

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