Amnistía Internacional Argentina y advirtió que se «requiere de medidas inmediatas para atender las urgencias del contexto actual».
Un informe de Amnistía Internacional relevó 20 casos de discriminación y vulneración de derechos contra los pueblos originarios durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, advierte que las agresiones a «muchas comunidades indígenas en todo el país se han visto profundizadas por el Covid-19» y exigió «medidas inmediatas» para su resolución.
Dificultades para acceder a beneficios sociales, el avance sobre sus territorios ancestrales de parte de privados o de la fuerza pública, la proliferación de situaciones de uso abusivo de la fuerza, limitaciones para trasladarse y abastecerse de alimentos, difícil acceso al agua segura y la ausencia de condiciones higiénicas y sanitarias, son algunas de las vulneraciones sufridas en los meses de pandemia por los pueblos indígenas. Todas ellas pueden revisarse en un mapa de conflicto denominado Territorio Indígena.
«Estos casos se suman a los más de 200 conflictos que hemos detectado durante los últimos años en donde comunidades indígenas reclaman por sus derechos humanos; pero la pandemia exacerbó la situación de vulneración», sostuvo Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina y advirtió que se «requiere de medidas inmediatas para atender las urgencias del contexto actual».
En ese sentido, el organismo mantuvo un encuentro con la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a cargo de María Magdalena Odarda. Amnistía planteó entre las vulneraciones relevadas cómo, a pesar del relevamiento dispuesto por Resolución 4/2020 del INAI, las comunidades originarias de las provincias de Chubut, Neuquén y San Juan, no han podido acceder al Ingreso Familiar de Emergencia.
El informe advierte además sobre distintos casos de abuso policial en las diferentes comunidades. Un ataque en particular tomó estado público por la viralización de los videos del brutal ataque de la Policía de Chaco a la familia qom Fernández-Saravia, en el Barrio Bandera, que incluyó allanamiento ilegal, golpes, torturas y abusos sexuales. Pero también se reportaron otros en Río Negro, Santa Fe, Tucumán y también un segundo caso en la localidad chaqueña de Pampa del Indio, donde policías dispararon por la espalda a 3 personas que se encontraban cazando.
Amnistía señala también que en Chaco, Misiones, Santa Fe y San Juan el acceso a la salud de las comunidades no ha sido garantizado, al tiempo que el aislamiento dificultó aún más la posibilidad de acceder al agua segura y las condiciones sanitarias y de higiene.
De acuerdo a lo que se resolvió en el decreto 297/2020, que dispuso el ASPO y declaró entre las actividades esenciales a la actividad minera y el agronegocio, el organismo de derechos humanos indica que el avance de la industria extractiva, como las actividades de exploración y explotación del litio en Catamarca continuó y generó conflictos con las comunidades locales. De la misma manera que ocurre con las comunidades de Salta y Jujuy, donde las comunidades Kolla y Atacama resisten el avance de la minería en la Cuenca de Salinas Grandes.
«Estos casos reflejan las luchas de las comunidades que reclaman el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos locales, provinciales y el gobierno nacional, empresas y el Poder Judicial, que desoyen la normativa vigente», recordó el informe de Amnistía e insiste en denunciar que «los pueblos indígenas son discriminados y obligados a salir de sus territorios para poder subsistir», mientras sufren día a día «situaciones de extrema vulnerabilidad económica y social».
El informe de Amnistía reconoce además que el relevamiento puede no ser exhaustivo y «pueden ser muchas más las comunidades que están atravesando situaciones difíciles en todo el país», por lo que pone a disposición un formulario donde pueden sumarse casos.
Uno de esos casos es el de las comunidades mapuches y tehuelches que viven en parajes alejados de Río Negro y Chubut y, entre el 17 y el 24 de julio, sufrieron un histórico temporal de nieve, viento y bajas temperaturas, que los aisló y provocó pérdidas de animales, casas derrumbadas, personas mayores incomunicadas y falta de alimentos para consumo personal y para el mantenimiento del ganado.
El colectivo Gemas realizó un extenso relevamiento de la grave situación que enfrentan las comunidades con un asistencia deficitaria por parte de los estados provinciales. El informe refleja dos casos paradigmáticos. Uno de ellos ocurrió el martes 28 de julio, cuando el gobierno de Chubut, a cargo de Mariano Arcioni, decidió realizar un operativo de asistencia de alimentos e insumos de limpieza a las poblaciones rurales alejadas arrojando bolsas desde helicópteros del Ejército.
«A pesar de que estaban dadas las condiciones para aterrizar y realizar un trabajo de rescate y de asistencia más consciente y responsable, se optó por tirar las bolsas de residuos que contenían alimentos y víveres de primera necesidad (lavandina y demás) desde alturas considerables. Al impactar contra el suelo, se rompieron las bolsas y los productos quedaron desparramados, destruidos e inutilizables», relata el informe.
Otro de los casos fue el de la muerte del Nazario Cayu, un anciano integrante del Pulam Lafken, en Río Negro. El viernes 24 de julio, en medio del temporal de nieve, Cayu decidió ir a buscar a sus animales, para evitar que mueran enterrados por la nieve. Pasaron varios días sin noticias de su paradero hasta que, el lunes 27, su sobrino fue a buscarlo y lo encontró muerto a varios metros de su casa. Desde entonces, pasaron 5 días hasta que el gobierno provincial montó un operativo para ir a buscar su cuerpo.