El femicidio de Ursula Bahillo, en la ciudad de Rojas, sacó a la luz lo que todo el pueblo sabía, el silencio cómplice de los policías.
La posible intervención de la comisaría local de Rojas y de la Comisaria de la Mujer, se presentaban este miércoles como las acciones de mayor impacto institucional frente al homicidio de Úrsula Bahillo ocurrido el lunes por la noche en el paraje Guido Spano, a 13 kilómetros del centro de esta localidad. El martes llegó el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, acompañado por el Jefe de la Policía provincial, Daniel García. Circulaban versiones de que habían dispuesto la intervención de esas dependencias, pero por el momento los voceros del Ministerio lo negaban. En tanto Asuntos Internos de la provincia estaría tramitando las “auditorias pertinentes”.
El femicidio de Úrsula pone el foco sobre el accionar policial en la sección norte de la provincia de Buenos Aires ya que Matías Ezequiel Martínez, está imputado de haberla asesinado de 15 puñaladas según el informe preliminar de la autopsia realizada en Junin el miércoles por la mañana, y es un efectivo de la Bonaerense que reportaba en San Nicolás, aunque se encontraba con una licencia psiquiátrica desde septiembre del año pasado. Martínez debía cumplir una restricción perimetral de 200 metros ante su ex novia, lo que obviamente no cumplió, y Úrsula fue asesinada.
En Rojas, el asesinato de esta joven de 18 años conmocionó a la sociedad y provocó una pueblada. La sociedad rojense se levantó en la misma noche del lunes en reclamo por la desprotección a la que fue expuesta la joven, que ya había realizado 17 denuncias contra su agresor. Solo tres de ellas, se estima, constan en las órdenes policiales de la seccional local. Y la Comisaría de la Mujer tampoco habría atendido sus reclamos. Eso motivó la reacción de los vecinos de Rojas y de las localidades vecinas, que motivados por la muerte de Úrsula, se acercaron a la comisaría local pidiendo justicia.
El reclamo aglutinó a cada vez más gente y desencadenó la represión que culminó con nueve detenidos, en las corridas que fueron dispersadas con gases lacrimógenos y balas de goma. Una de ellas impactó en la cara de una de las amigas de Úrsula, muy cerca de uno de sus ojos. El martes, los organismos de Derechos Humanos realizaron una segunda protesta en la plaza central de la ciudad, esta vez en forma pacífica. Y aunque los detenidos fueron puestos en libertad, los vecinos continúan reclamando justicia. Piden castigo a los responsables y no dudan en señalar que fue el Estado, a través de los estamentos de policía y justicia, quienes deben responder por la muerte de la joven, algo que sostienen, se podría haber evitado.
El comisario General Jorge Monfort y la superintendenta de Políticas de Género, la comisaria Sonia Zampelunghe, ya tomaron intervención en el caso. Pero “no se trata de una intervención de la seccional”, afirmaron a este diario fuentes policiales. “Se investiga el caso a través de Asuntos Internos”, confirmaron. En tanto el ministro Berni reiteró la necesidad de “modificar la metodología que se aplica en Argentina” en cuanto a femicidios. “Si no se instrumenta un abordaje interdisciplinario, los resultados siempre van a ser malos”, sostuvo en referencia al caso de Úrsula, asesinada por su ex novio.
En cuanto a la denuncia de la familia Bahillo sobre la falta de atención por parte de la policía local el fin de semana anterior al asesinato, sostuvo que: “es una obligación policial tomar la denuncia”. Según su versión “fue precisamente a raíz de la denuncia que hicieron el domingo que el cuerpo de mujeres policías dieron intervención al fiscal y a raíz de eso, el lunes se le entregaron las medidas restrictivas” a Martínez, el oficial detenido por el crimen.
“Se está averiguando el origen de la carpeta psiquiátrica” afirmó Berni. “Al parecer tenía otros antecedentes que habrían pasado desapercibidos”, sostuvo, antes de confirmar que estaba a disposición de la familia. “Nuestro acompañamiento y por sobre todas las cosas el abrazo de corazón a una familia que fue destrozada por una cadena de responsabilidades” concluyó.
Martínez en tanto, se encuentra alojado en un destacamento de Conesa, sobre ruta 188, partido de San Nicolás. A solo 80 kilómetros de la ciudad de Rojas, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el hospital San José, de Pergamino, por heridas autoinflingidas en su abdómen, con la misma arma blanca con la que habría sido asesinada la joven. Y frente a ese destacamento, los vecinos de la zona ya se encuentran manifestando pacíficamente su descontento por la presencia del imputado como autor del hecho, en esa localidad.