Como consecuencia del entendimiento se espera una suba en las tarifas de energía.
Finalmente la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un acuerdo para la refinanciación de una deuda de US$45 mil millones que el organismo le entregó en 2018 al gobierno de Mauricio Macri, según anunciaron ayer el Ministerio de Economía y el organismo de crédito internacional.
El monto original del programa pactado con el FMI trepaba a US$55 mil millones, de los cuales fueron girados US$45 mil millones debido a que la Argentina no cumplió con la última parte de las metas acordadas.
La deuda actual documentada por la Secretaría de Finanzas al 31 de diciembre de 2021 asciende a US$40 mil millones, dado que durante el período de negociación la Argentina cumplió con los vencimientos programados.
Incluso en octubre de 2020 utilizó la expansión de DEGs (dinero del FMI) dispuesta por el organismo para hacer frente a los obligaciones que operaron hacia fin de ese año de manera de mantener vigente la negociación.
En enero de 2022, Argentina y el FMI anunciaron «un entendimiento» que demoró más de un mes en transformarse en la redacción definitiva del nuevo programa. En ese momento se pagaron US$711 millones de dólares contra el compromiso de que se llegaría a la firma final del pacto.
El gobierno de Alberto Fernández tomó la decisión política de enviar al parlamento un proyecto de ley para la aprobación del «Acuerdo para el refinanciamiento de la deuda entre la Argentina y el FMI«.
El Ejecutivo aseguró que la iniciativa incluye como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico.
El nuevo programa
Mediante este nuevo programa se reemplazará el stand by firmado por Macri por uno denominado de Facilidades Extendidas, una de las variantes de programas que puede firmar el FMI con sus países miembros.
La diferencia entre ambos son los plazos de pagos y las condicionalidades que se imponen. El stand by vigente concentraba vencimientos en 2022 por más de US$30 mil millones que lo convertían en inviable para el país.
De acuerdo a información oficial del Ministerio de Economía, se harán 10 revisiones trimestrales durante dos años y medio para verificar el cumplimiento de las metas.
El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI y el resto quedará sujeto a la aprobación de cada revisión.
El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.
De acuerdo con el Palacio de Hacienda «hay coincidencia» con el FMI en que uno de los principales desafíos de la economía Argentina es la inflación y que es «multicausal», por lo que debe ser abordada «con un enfoque integral».
«La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas», señaló la cartera a cargo de Martín Guzmán.
El Gobierno afirmó que «el programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas».
Respecto del déficit público se buscará su reducción con una «consolidación fiscal progresiva» a partir de la recuperación de la actividad económica.
Achicar el gasto
La reducción del déficit público se acompañará con una “reducción gradual” de la asistencia del Banco Central y “la implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales y positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos”.
El programa contempla un acuerdo de precios y salarios para “anclar expectativas inflacionarias”.
De acuerdo a la información del Ministerio de Economía el objetivo de déficit fiscal primario es de 2,5% del PIB para 2022, de 1,9% para 2020 y de 0,9% para 2024.
A su vez, el Gobierno afirmó que el acuerdo “no prevé ninguna reforma previsional” y aseguró que se continuará aplicando la fórmula de movilidad jubilatoria por ley 27.609.
El programa busca “una mejora creíble de las finanzas públicas”, optimizando los ingresos y reduciendo los subsidios a la energía; fortalecer la balanza de pagos con un aumento de las reservas del Banco Central (BCRA) y de las exportaciones, y mejorar el crecimiento y la resiliencia de la economía “movilizando el ahorro doméstico”, fortaleciendo la gobernanza y la transparencia, y la inclusión laboral.
Los principales puntos
– El monto de la deuda a refinanciar es de US$45.000 millones.
– Se pasa de un programa Stand By a otro denominado de Facilidades Extendidas. La diferencia central es la posibilidad de ampliar los plazos de pago.
– Habrá 10 revisiones trimestrales durante los primeros dos años y medio.
– El primer desembolso, cuando sea aprobado por el staff del FMI (seguramente luego de su sanción en el Congreso Nacional). Será por aproximadamente US$4.500 millones, equivalentes a lo pagado durante los dos años de negociación y se deberán usar para pagar próximos vencimientos del programa acordado.
– Los siguientes desembolsos serán luego de la aprobación de cada revisión y tendrán el mismo perfil, o sea, para pagar vencimientos del propio programa.
– El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.
– Reducción gradual del déficit primario: 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024.
– Reducción de la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.
– Para anclar expectativas inflacionarias se intentará avanzar en un acuerdo de precios y salarios.
– Reducción de los subsidios energéticos, lo que generará un incremento en las tarifas energéticas.