En la primera audiencia el fiscal Ricardo Toranzos expuso las acusaciones contra Paola Cantarella, Jesús Cuellar, Héctor Cari, Gabriela Cazón, Osvaldo Reynaga, Nicolasa Maras, Julio Pedro Laxi y Santos Palma.
El Tribunal Oral Federal N° 1, integrado por el juez Marcelo Juárez Almaraz, comenzó anteayer el segundo juicio a funcionarios públicos de la provincia investigados por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), beneficio implementado por el gobierno nacional tras la declaración de la pandemia por la covid-19.
En la primera audiencia el fiscal Ricardo Toranzos expuso las acusaciones contra Paola Cantarella, Jesús Cuellar, Héctor Cari, Gabriela Cazón, Osvaldo Reynaga, Nicolasa Maras, Julio Pedro Laxi y Santos Palma. Todas estas personas gestionaron el cobro del IFE cuando ocupaban cargos de concejales en distintos municipios de la provincia. En el caso de Cantarella, Cuellar y Cari fueron reelectos en cargos legislativos durante los comicios de 2021, cuando ya estaban siendo investigadas.
El fiscal acusó a Cantarella, Cuellar, Cari y Cazón por defraudación a la administración pública en concurso con ideal con el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, en calidad de autores.
La misma acusación, pero en grado de tentativa, recayó sobre Reynaga. En tanto que la acusación contra Maras, Laxi y Palma es por incumplimiento de deberes en calidad de autores.
La fiscalía adelantó que apunta a probar que Cantarella, quien al momento del hecho era concejala de la localidad de Pichanal, solicitó ser beneficiaria con el IFE el 30 de marzo de 2020, sabiendo que el decreto 310 del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se puso en marcha este subsidio, impedía que los funcionarios públicos se postulen para cobrar la ayuda excepcional de $10 mil. En los primeros testimonios se mencionó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) acreditó el beneficio a Cantarella en su cuenta sueldo del banco Macro el 13 de julio de ese año.
Cari era, y es, edil en Guachipas. El fiscal indicó que repitió la misma maniobra y percibió una cuota del IFE.
A Cuellar, de la localidad de Urundel, el beneficio le fue acreditado en dos ocasiones, igual que a Cazón, quien era concejal en Aguas Blancas, pueblo que limita con Bolivia.
En la audiencia, el fiscal ratificó la acusación penal resaltando que el subsidio había sido implementado para ayudar a las personas que no tenían relación de dependencia, es decir las más vulnerables durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Toranzos subrayó que las pautas de incompatibilidades para los postulantes del IFE estaban claramente establecidas en el decreto de implementación, en el que se aclaró que el ingreso de datos, al momento de solicitar el beneficio, tenía carácter de declaración jurada.