Se trata de familias, prestadores, fundaciones y asociaciones de discapacidad, alarmados por un nuevo decreto de un proyecto de Nación que se habría filtrado. El cual busca desregular servicios y aranceles del sector.
Distintas entidades, fundaciones y familias de personas con discapacidad, se manifestaron frente a la Legislatura Provincial, sobre la calle Mitre. A favor de la ley vigente de discapacidad 24.901 y en contra de la desregulación del financiamiento de las prestaciones, una medida que serían parte de un nuevo decreto de la Nación, según un texto que se habría filtrado y podría afectar a las personas con discapacidad. Tras la medida de protesta distintos referentes de discapacidad, fueron recibidos por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en dónde entregaron un petitorio. A través del cual solicitan que tanto desde el poder legislativo y ejecutivo provincial, no adhieran a las modificaciones de la ley de discapacidad y a la desregulación de los servicios y aranceles. Y pidieron al Gobierno nacional que no firme el decreto de desregulación del nomenclador del sector de discapacidad.
También participaron, distintos centros terapéuticos e instituciones especializadas, preocupadas por lo que califican de “un recorte de derechos” de este sector vulnerable de la comunidad.
“Esto significa que las obras sociales van a poder poner el valor que ellos dispongan de manera arbitraria, porque no van a tener ningún control sobre lo que deben y no deben hacer”, explicaron. Y aseguraron que de prosperar la iniciativa van a producir un “quiebre del sector de la discapacidad”.
Ademar Anachuri, presidente de la Asociación de Transportes de Discapacidad de Salta, explicó: “Estamos pidiendo al Gobierno de la Nación Argentina, que no firmé el decreto de desregulación del nomenclador del sector de discapacidad. Ya que esto va a significar que las obras sociales puedan poner el valor que ellos dispongan de manera arbitraria”. Y detalló: “Al no tener un control que les marqué que deben y que no pueden hacer, tendrán demasiada libertad. Lo que va a producir un quiebre total del sector de la discapacidad. Es por eso que protestamos”.
Luego, remarcó: “Las familias de las personas con discapacidad están sufriendo muchísimo ante esta posibilidad, ya que saben que sus padres, nietos, hijos, van a quedar sin las prestaciones. Las obras sociales no van a cubrir el monto que corresponde y todo se les hará cuesta arriba”.
El decreto implicaría la desvinculación del Estado
En tanto, Andrea Uñates, vice presidenta de ATRADIS, añadió que el decreto implica no sólo una desregulación del sistema, sino también una “desvinculación del estado, donde deja a libre albedrío los precios que establezcan las obras sociales. Por lo tanto ya no habrá intermediación de la Nación”. Y agregó: “Manifestamos por los derechos de todos y queremos que cada uno pueda elegir el prestador que quiera, para que todos tengan trabajo. Lo que más nos duele es que los más afectados son las personas con discapacidad”.
Por otro lado, comentó que hay algunas entidades de discapacidad que tienen problemas con Incluir Salud. “Hace casi 6 meses que no les pagan. Somos personas comunes y no nos alcanza, no podemos estar tanto tiempo sin cobrar. Queremos una intervención inmediata de la provincia, porque esto no da para más. Estamos en emergencia, ya no vamos a poder circular más sino nos pagan”.
Solicitan que la Provincia no adhiera al decreto
María Elena Arce, presidenta de la Fundación Anidar, comentó: “Desde nuestra fundación representamos a más de 160 familias y la mayoría nos acompañó en está manifestación. Luego de la protesta salieron desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Nos avisaron que nos van a recibir con el petitorio, dentro del cual solicitamos que la provincia no adhiera a la modificación de la resolución de la ley 24.901 y que garantice la continuidad de la regulación del nomenclador sobre las obras sociales”.
Y explicó: “Esto permitirá mejorar los servicios que ya tienen los chicos. Lo que vamos a pedirle también a la provincia es que no adhieran a la modificación de la 24.901 y no a la firma del decreto que desregula los servicios y aranceles”, finalizó la referente.