Profesionales que prestan servicios para personas con discapacidad y familiares realizaron una marcha en Salta porque sostienen que el Gobierno nacional está llevando adelante un ajuste en el área que pone en riesgo el derecho a la salud.
Cientos de personas se movilizaron esta mañana por las calles contra el «ajuste» que realizó el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, a los servicios de salud para personas con discapacidades. Profesionales que prestan servicios para personas con discapacidad y familiares realizaron una marcha en Salta porque sostienen que el Gobierno nacional está llevando adelante un ajuste en el área que pone en riesgo el derecho a la salud. Reclaman la regularización de las deudas y que no haya recortes.
Salteños que se sumaron a la protesta afirmaron que «peligra» el sistema sanitario tras el ajuste de gastos dispuesto por Massa. Destacan que ya se informó a los gremios que girarán a las prestadoras sindicales solo $ 1.500 millones hasta fin de año, lo que implica una baja de más de $ 10.000 millones sobre las transferencias inicialmente previstas.
En la práctica, ese recorte se aplica hoy a un sistema que ya viene siendo deficitario. En concreto, en septiembre, dentro de dos días, se cortan prestaciones fundamentales. Atradis (Asociación de Transportistas de Discapacidad Salta) lideró la marcha de hoy. También estuvieron los prestadores, los terapeutas y los familiares de las personas afectadas. La convocatoria fue para las 9 y salieron desde el Monumento a Güemes rumbo a la Legislatura a 10, para terminar luego en la Superintendencia de Salud.
«Necesitamos que alguien del Gobierno provincial salga y nos escuche. Esta es una decisión del Gobierno nacional, pero necesitamos el acompañamiento de la Gobernación porque corre peligro el sistema completo», dijo el presidente de Atradis, Ademar Anachuri.
“Este recorte ya se venía haciendo desde hace algunos meses con el retraso de pago. Lo que hizo el DNU de Massa es darle el tiro de gracia. Hoy ya no podemos trabajar porque no se pueden cubrir los gastos fijos. No tenemos para el combustible y no tenemos para pagarle a los trabajadores. Llevamos tres meses de atraso del pago y ahora lo poco que venían pagando lo cortan del todo. No nos pagaron nada en este mes que está terminando que ni siquiera es el pago de agosto, ni julio, es de mayo”, dijo.
La movilización en Salta se da en un marco nacional de protesta por una situación que afecta a unos 20 millones de personas. El millonario recorte de los fondos destinados a las obras sociales que administran los sindicatos es una política de «poda» de gastos resuelta para cumplir con la meta del déficit acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este recorte impacta desde hoy porque ya se cortaron las prestaciones.
Para tener una idea de la magnitud del problema, hay 135 licencias de transporte, solo en capital, para personas discapacitadas, sin contar con el área metropolitana ni el interior de Salta. Es una enorme cantidad de pacientes, profesionales y trabajadores afectados por el DNU firmado el miércoles de la semana pasada.
Según la información oficial, desde ahora y hasta fin de año el Ejecutivo transferirá a las prestadoras médicas de los gremios un total de $ 1.500 millones del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), recursos que son utilizados para el financiamiento de tratamientos de alta complejidad, servicios de discapacidad y otras prestaciones.
La decisión del Gobierno encendió la alarma generalizada entre los gremios: es que la cifra de transferencias comprometida para los próximos cuatro meses representa apenas el 10% de los recursos mensuales promedio que recibieron sus prestadoras hasta agosto. De acuerdo con los cálculos que realizaron en la cúpula sindical, la poda para las obras sociales implica unos $ 10.000 millones. Es por eso que septiembre comenzará con interrupción de servicios y prestaciones. Los alcances de la poda dispuesta por Massa y Rubinstein llegan a centros, hogares e instituciones educativas para personas con discapacidad. Están en riesgo los honorarios de maestros integradores, prestaciones de apoyo, psicopedagógos, clínicos, kinesiólogos y psicólogos.
El Fondo Solidario de Redistribución (FSR) es también para prestaciones de alta complejidad y medicamentos para patologías crónicas. Es por eso que en algún momento van a tener problemas las personas con VIH y las personas con diabetes.