El presidente estableció que solo se podrá contratar personal bajo el esquema «3×1», donde por cada alta se requieren tres bajas. Además, los futuros empleados deberán aprobar un examen de idoneidad y los contratos no podrán extenderse más allá de junio de 2025.
En un giro contundente hacia la reducción del gasto estatal, el gobierno de Javier Milei implementó un paquete de medidas que congela las contrataciones en el sector público y establece nuevos criterios para el ingreso laboral en el Estado. La iniciativa, oficializada a través de los decretos 1148/2024 y 1149/2024, busca transformar las bases del empleo estatal y priorizar la eficiencia administrativa.
El «3×1» y la prohibición de nuevas contrataciones
El decreto 1148/2024 prohíbe nuevas designaciones y contrataciones en el ámbito nacional, afectando tanto a plantas transitorias como permanentes y a los contratos bajo régimen de monotributo (conocidos como contratos 1.109). Esta disposición busca limitar el crecimiento de la planta estatal, pero establece excepciones para sectores estratégicos como Ciencia y Tecnología, Universidades, Guardaparques, y personal de Salud.
Una de las novedades más destacadas es la implementación del sistema «3×1». Según esta normativa, cada nueva alta en el sector público deberá estar respaldada por tres bajas de personal, sin importar la causa de desvinculación. Este mecanismo apunta a reducir de manera progresiva el tamaño del aparato estatal.
Exámenes de idoneidad y límites a los contratos
El decreto 1149/2024 introduce la obligatoriedad de un examen de idoneidad como requisito para el ingreso a cualquier cargo en el Estado. La Evaluación General de Conocimientos y Competencias deberá realizarse en diciembre de 2024, garantizando así la selección de perfiles calificados para ocupar puestos públicos.
Además, se determinó que los contratos vigentes en el sector público nacional no podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2025. Esto incluye a los contratos temporales, que quedarán sujetos a una renovación condicional basada en los nuevos criterios establecidos.
El impacto en los empleados estatales
Durante 2024, unas 36 mil personas perdieron sus empleos en el sector público, según cifras oficiales. Entre los afectados, 21.408 trabajaban en la administración centralizada y descentralizada, 2.577 eran parte de las fuerzas armadas y de seguridad, y 11.951 desempeñaban funciones en empresas estatales.
El Ministerio de Justicia también fue objeto de recortes, con la finalización de 2.200 contratos, principalmente los denominados ACARA. Además, más de 100 trabajadores de la Defensoría del Público quedaron desafectados, en el marco de la intención del Ejecutivo de eliminar este organismo creado bajo la Ley de Medios.
Reacciones y justificaciones oficiales
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró los resultados preliminares de la política de ajuste. «Menos gasto público significa menos impuestos y más capacidad de gasto para el sector privado. En otras palabras, es devolverle el dinero a sus verdaderos dueños», declaró.
Las medidas han generado críticas por parte de sindicatos y sectores políticos opositores, quienes advierten sobre el impacto social y laboral que este recorte representa. Mientras tanto, el Gobierno asegura que estas disposiciones son un paso necesario para garantizar la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del Estado.
Con estas medidas, la gestión de Milei busca instaurar un nuevo modelo de empleo público basado en la reducción de costos y la meritocracia. Sin embargo, la aplicación de estas políticas plantea interrogantes sobre su impacto a largo plazo en el acceso al empleo y en los servicios esenciales que brinda el Estado.