Juntos por el Cambio busca postergar los debates y reclama que los temas que no tengan consenso sean discutidos de forma presencial.
La era del consenso virtual en el Congreso está a punto de llegar su fin. El oficialismo parece dispuesto a pisar el acelerador y darle curso a proyectos e iniciativas que indefectiblemente provocarán cruces con la oposición. El inminente envío de los proyectos para establecer un impuesto a las grandes fortunas y para reformar la justicia, en conjunto con la reactivación de la comisión parlamentaria encargada de revisar la deuda externa, marcan el fin de la tregua construida al compás de las necesidades políticas que impuso el confinamiento.
La cautela del oficialismo, cuyo máximo objetivo desde que comenzó el aislamiento fue mostrar un Congreso activo, y el temor de Juntos por el Cambio, a tratar temas de envergadura política que pueden acelerar la fractura del interbloque, hicieron que el Parlamento naufrague por el océano del consenso sin debatir cambios de estructuras sustanciales. Ahora, después de dos sesiones virtuales, la paz comienza a quedar en el pasado.
Desde que el presidente Alberto Fernández ratificó públicamente la decisión de enviar la reforma judicial al Congreso, Juntos por el Cambio expuso su reparo para discutir temas controvertidos de manera virtual. Los mismo había sostenido cuando, desde el bloque de diputados del Frente de Todos manifestaron la voluntad de debatir el impuesto a las grandes fortunas.
Según lo acordado, hasta el 13 de junio estará vigente el protocolo de sesiones remotas. Así las cosas, hasta esa fecha, el oficialismo puede insistir en comenzar el debate virtual de todos los temas. Pero, terminado ese plazo, todos los bloques se tendrán que volver a reunir para barajar y dar de nuevo.
El final de la tregua fue anunciado en el Senado, sobre el final de la sesión que se llevó a cabo el último jueves. El jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, José Mayans, advirtió que a partir del martes el Frente de Todos comenzará a revisar el endeudamiento en la era Macri.
“Queremos tener certeza de quienes se beneficiaron con esta deuda impagable. Vamos a reunir a la Comisión Bicameral de Control de la Deuda Externa para analizar el informe que envió en Banco Central sobre fuga de capitales”, advirtió el titular de la bancada oficialista y dejó en claro que la comisión bicameral de seguimiento y control de la deuda externa, que comenzará a trabajar el próximo martes, será uno de los terrenos de batalla elegidos por el oficialismo para volver a dar el debate sobre los modelos económicos. En este caso, el puntapié inicial, como advirtió Mayans, será el análisis de informe del Banco Central sobre el endeudamiento que sufrió la Argentina durante el gobierno que encabezó Mauricio Macri.
En ese marco el oficialismo, ya tiene listo el proyecto de resolución para impulsar la investigación de la progresión de la deuda tomada por el macrismo. La iniciativa llevará la firma de todos los integrantes del Frente de Todos.
La respuesta por parte de Juntos por el Cambio no se hizo esperar. El diputado macrista Luciano Laspina, quien fuera una de las espadas parlamentarias del Gobierno de Cambiemos, salió al cruce de la iniciativa. “El país entra en default después de cinco meses de no-negociación y la Comisión Bicameral de Deuda se reúne en carácter urgente para debatir la “fuga” de divisas de 2016-2019”, ironizó el diputado y agregó: “Nos toman el pelo». Como vicepresidente de esa Bicameral pediré se cambie el temario y se cite al Ministro de Economía.
La comisión de Justicia del Senado también volverá a la actividad la próxima semana. La sola convocatoria del cuerpo que preside el neuquino Oscar Parrilli encendió las alarmas del macrismo.
En ese marco el bloque del Frente de Todos en el Senado comenzará a avanzar con el análisis de la actividad de la unidad especial de investigación del atentado contra la AMIA y las supuestas presiones a las que fue sometida durante el gobierno de Mauricio Macri. La intención del oficialismo de investigar la denuncia que realizó hace pocos días el ex titular de la unidad especial, el radical Mario Cimadevilla, y para ello lo convocó para exponer el próximo miércoles ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara. El chubutense, ex senador nacional hasta 2015, se desempeñó en la Unidad Especial AMIA entre 2016 y 2018.
Hace pocos días, Cimadevilla mencionó que, durante ese período, había recibido un mensaje de texto de la ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, en el que, según afirmó, le pedían que protegiera al ex fiscal José Barbaccia en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA. Además, Cimadevilla señaló al ex presidente Mauricio Macri por reclamarle que «fuera para atrás en el caso AMIA» y que esa presión la recibía de parte del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano.
Impuesto a las grandes fortunas
La demora en el envío del tributo extraordinario, que impulsan los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller, no sirvió para morigerar la tensión dentro de Juntos por el Cambio a la hora de definir una posición sobre el tema. Por eso, la estrategia que de la alianza opositora es postergar el debate. En ese marco, la excusa es que el tema no puede ser discutido de manera virtual.
Lo cierto es que la iniciativa del bloque oficialista genera fricciones dentro del interbloque que conduce Mario Negri en la Cámara baja. En ese marco, y mientras la coyuntura lo permita, el reclamo será que el debate se lleve a cabo de manera presencial. Así las cosas, todo queda en manos del oficialismo y de su voluntad política de abrir un debate que terminara con la tregua parlamentaria.
Los “superpoderes”
El debate por el DNU que extiende el margen de maniobras del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para la reasignación de partidas presupuestarias, en el marco de la situación extraordinaria generada por el avance del coronavirus en Argentina, es otro de los temas que hará su aporte para que la tregua parlamentaria llegue a su fin.
Esta semana el oficialismo impuso su número y consiguió el dictamen favorable de la comisión de trámite legislativo, pese a los cuestionamientos de los representantes de Juntos por el Cambio. La decisión de Frente de Todos fue no llevarlo al recinto. Incluso, un sector de la oposición quiso imponerlo en el temario de la última sesión de Diputados, pero la propuesta fue rechazada por el pleno con mayoría oficialista.
Ante un tema que puede exponer y debilitar el juego de alianzas que teje el oficialismo para construir mayoría en la Cámara baja, la decisión sería que el tema fuera abordado por el Senado. En la Cámara que conduce la vicepresidenta, el oficialismo cuenta con mayoría propia y, más allá de los cruces que se den durante el debate, la aprobación del DNU no corre riesgos