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  La Corte Interamericana de DDHH podría actuar en el caso Jimena Salas

Un compañero de las tareas sociales de Javier «El Chino» Saavedra envió un pedido al órgano internacional.

La Corte Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) podría tomar parte en el caso de la muerte de Jimena Salas, la mujer que fuera brutalmente asesinada a principios de 2017 en la localidad de Vaqueros, a partir de una nota que fue enviada hace pocos días al organismo internacional dependiente de la OEA y que tiene su sede Washington. La nota fue remitida por Martín Ariel Caserta, quien se identifica como un compañero y colega de las tareas sociales que desarrollaba en el norte de la provincia uno de los principales implicados en el crimen. Con el patrocinio del jurista Carlos Antonio Romano, este colaborador de Javier «El Chino» Saavedra, uno de los tres detenidos por el crimen de la mujer, hizo reservas sobre el debido proceso, apremios ilegales y violación a las libertades. La nota destaca irregularidades en la investigación y pide que especialistas de ese organismo internacional elaboren un informe «in locco» sobre el caso. Este es un procedimiento que acostumbra la CIDH cuando reúne pruebas suficientes para investigar en forma oficial violaciones a la libertad de las personas y que está incluido dentro de los acuerdos internacionales de la República Argentina.

En una extensa presentación, donde figuran los antecedentes y la cronología del crimen, la investigación y su repercusión mediática, entre otros puntos, el pedido se sustenta en supuestas fallas en los procedimientos posteriores al homicidio y apremios contra el detenido, quien permanece incomunicado junto a sus otros dos hermanos. La nota pide considerar una medida cautelar urgentemente sobre pedidos de informes, averiguación, protección y supervisión del procedimiento y la detención de Saavedra.

La nota también pide declarar formalmente admisible la denuncia contra el Estado parte, se haga lugar y se ordene dar cumplimiento a la medida cautelar solicitada o la que «la CIDH determine, con los alcances peticionados».

Citando abundante jurisprudencia sobre casos de privación ilegítima de la libertad, doctrinas jurídicas e interpretación de los tratados internacionales, la nota también desarrolla un completo perfil del trabajo social que llevaba a cabo Javier Saavedra en Santa Victoria Este, en las tareas pastorales de la Orden Franciscana.

Puntualmente el pedido alerta sobre «violación a los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, incumplimiento en su adecuación al orden local, derecho a la libertad, derecho a la integridad personal, protección de la honra y dignidad, tortura y apremios ilegales, protección judicial, y debido proceso». También advierte que la «gravedad de la situación» implica el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano.

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