Espionaje ilegal: Los exdirectivos de la AFI pidieron el pase a Comodoro Py.
La causa por espionaje ilegal seguirá en Lomas de Zamora y no irá a Comodoro Py, al menos por ahora. La cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia de la época del macrismo argumentó que los hechos ya habían sido juzgados y por lo tanto no debían ser investigados en Lomas, pero el juez Juan Pablo Augé emitió un fallo demoledor: la causa original sólo trató de una operación respecto del Instituto Patria mientras que en el expediente de Lomas se investigan el espionaje, no sólo sobre el Patria sino también sobre el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, la vigilancia a otros dirigentes políticos, el armado de documentación falsa y, en suma, toda una organización «que pervirtió la institución que ustedes comandaban (AFI) y la volvieron contra la sociedad que debían proteger», sostuvo el juez.
La cúpula de la AFI, que encabezaron Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, se presentó en el juzgado de Lomas a través de sus abogados. El objetivo fue frenar la causa que instruyen los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyerhabide, y que reunió una cantidad innumerable de pruebas que evidencian que existía toda una organización dedicada a espiar a los dirigentes políticos, principalmente de la oposición. Buena parte saltó por los aires cuando en las afueras del Instituto Patria se descubrieron dos vehículos de la AFI vigilando quién entraba y quién salía. Eso motivó una causa judicial en que la central de inteligencia afirmó que sus efectivos estaban en una investigación criminal, no espiando políticos. En ese expediente, a cargo del juez de Comodoro Py, Marcelo Martínez de Giorgio, los titulares de la AFI fueron sobreseídos porque, según constata Augé, presentaron documentación falsa.
Por ello el magistrado afirma que no existe la cosa juzgada, dado que los hechos de la causa de Lomas son muchos más, no sólo se refieren al Instituto Patria, sino también a la casa de CFK, se armó la documentación falsa y hubo seguimientos a otros dirigentes. «Las prácticas investigadas, de resultar ciertas, constituyen un retroceso en materia de recomposición de derechos constitucionales que la sociedad viene persiguiendo desde la vuelta a la vida democrática en nuestro país», redondea Auge.