Espionaje ilegal: El ex jefe de Operaciones especiales de la Agencia Federal de Inteligencia Alan Ruiz, quien ya está procesado por espiar a CFK, dijo ante el juez y los fiscales que reportaba en forma directa a las autoridades de la AFI, que le daban instrucciones y hacían pedidos. Reconoció que le encargaron instalar cámaras y micrófonos en la cárcel de Melchor Romero, y que se hizo inteligencia sobre organizaciones sociales. También fue indagado el chef Martín Terra, quien para desligarse del espionaje se presentó como un «ñoqui».
El ex jefe de Operaciones especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Alan Ruiz debe ser uno de los nombres más mencionados en la megacausa sobre el espionaje ilegal desplegado durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo nombran otros ex espías, testigos de identidad reservada y aparece en grabaciones y mensajes del grupo llamado “Super Mario Bros”. Ruiz, que ya está procesado por las actividades de inteligencia fuera de la ley contra Cristina Kirchner, fue indagado esta vez por otros múltiples seguimientos con un papel central en la trama, y describió que tenía una relación directa con la número dos del organismo, Silvia Majdalani o “señora 8”, quien le iba pidiendo “adelantos de lo que se estaba produciendo”. También recibía de ella instrucciones y pedidos. Entre ellos, reconoció que le encomendó la instalación de cámaras y micrófonos en el penal de Melchor Romero. Estuvo, contó, en el penal de Ezeiza, haciendo un recorrido con el jefe del Area 50 del Servicio Penitenciario Federal, Cristian Suriano, pero negó haber ordenado espionaje allí. Admitió también que fueron seguidas organizaciones sociales y que le tuvo que explicar en una reunión a Gustavo Arribas, el ex jefe de inteligencia, cómo funcionaban.
De chef a espía
Mientras Ruiz declaraba el miércoles ante el juez Juan Pablo Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, se entregó en el lugar el único “rebelde” que tuvo la causa, el chef Martín Terra, amigo de Arribas –quien contó que lo hizo entrar a la AFI cuando estaba mal de trabajo-– al que había conocido por la relación entre su ex esposa, la modelo Analía Maiorana, y la esposa del ex jefe de los espías. Maiorana es la actual pareja del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, uno de los políticos espiados por el propio gobierno con el cual estaba alineado.
Pese a haber estado prófugo y no pasar ni un día detenido, Terra pudo volver tranquilo a su casa en Nordelta, de donde el juez le prohibió ausentarse más de 24 horas. Fue después de prestar declaración indagatoria y ofrecer un relato donde no sólo se desligó del espionaje ilegal, y con especial énfasis del de Santilli, sino que buscó dejar la impresión de que era prácticamente un “ñoqui” en la AFI. Contó que se dedicó un largo tiempo a hacer cursos, primero en la Escuela Nacional de Inteligencia, también con expertos de otros países (por ejemplo, en “infiltración”), hasta en el FBI, y que quiso especializarse en narcotráfico, y en particular en drogas de diseño. Terra había llegado sin conocimientos sobre inteligencia a la AFI: además de ser cocinero, trabajó en una empresa de pisos industriales y luego en la compra y venta de jugadores por el mundo con Arribas. Dijo no tener relación con la mayoría de los Super Mario Bros, contó que fue a la visita al penal de Ezeiza y minimizó su papel en seguimientos al camarista Martín Irurzun (que mencionó otra ex espía imputada, Dominique Lasaigues).
Las palabras de Ruiz
Ruiz había sido policía de la Ciudad de Buenos Aires, luego trabajó en el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich, y pasó a la AFI de la mano del ex jefe de Contrainteligencia, también imputado, Diego Dalmau Pereyra. Se habían conocido cuando Ruiz todavía estaba en Seguridad, a cuento del G-20 y la cumbre de la OMC, eventos usados como excusa para hacer espionaje sobre políticos, periodistas y organizaciones. Cuando Dalmau se fue a Chile a trabajar, quedó bajo órdenes de Martín Coste. A este último, no lo dejó bien parado. Aunque no siempre reportaba a él, según su relato, y mantenía un vínculo directo con Majdalani, a veces las reuniones eran en trío con Coste. Con ella dijo que a veces se reunía cinco veces por semana, hablaba por teléfono, que le hacía llegar los informes, pero que ella requería adelantos: cuestiones sobre barrabravas, movilizaciones y subrayó su interés por eventos vinculados con “grupos anarquistas”. Esto último fue el artilugio que se utilizó, según los fiscales y el juez, para espiar a CFK y al Instituto Patria, por lo que Ruiz ya fue procesado. Sobre los adelantos que la vicedirectora pedía, dijo que eran “muchos” y no recordaba los temas.
En un tramo de su declaración, a la que accedió PáginaI12, reconoció que se espiaba a organizaciones sociales, sindicales y políticas que participaban de movilizaciones. Un día, dijo, le tuvo que explicar personalmente a Arribas, en forma didáctica, “cómo funcionaban los grupos que se movían a la plaza a las manifestaciones. Hice una exposición detallada de cada grupo y el grado de peligro que representaba a partir del contexto social”.
–¿Conoce a Federico Villena? –le preguntaron a Ruiz, y se hizo un silencio en la sala, porque es el juez que tuvo la causa de espionaje hasta la semana pasada, apartado por haber ordenado o avalado tareas de inteligencia dudosa.
–Sí, estuve en dos reuniones en su despacho, con el jefe de Delitos Financieros, Fernando Di Pasquale, con un sudirector de jurídicos que no recuerdo el nombre y con Martí Coste. Creo que fue en 2019. Lo conocí por una causa de lavado con posible vinculación con el narcotráfico.
Luego recordó el nombre que le faltaba: José Padilla, que es quien firmó los informes que decían que había un alerta de seguridad o terrorista respecto de CFK, que se usó para justificar judicialmente el espionaje, y que los investigadores consideran falsos. Ruiz explicó que no podían reunirse con jueces, pero lo hacían con autorización. Di Pasquale es uno de los dos nombres que, en su momento, el juez Luis Carzoglio señaló entre quienes lo fueron a presionar con una orden de detención escrita contra Hugo y Pablo Moyano. El otro era Juan Sebastián De Stéfano, jefe del área de Jurídicos, también mencionado en tramos por Ruiz. Son dos nombres que empiezan a descollar en la causa.
A Ruiz le hicieron escuchar una grabación donde alguien habla del “cableado” con micrófonos y cámaras en la cárcel de Ezeiza. Varios imputados y testigos dijeron que era él, pero lo desconoció. Relató, sin embargo que sí participó del “cableado” o “alambrado” en el penal de Melchor Romero, y que había sido por indicación de Majdalani. Allí, dijo, se instalaron “equipos de videovigilancia en un sector, creo que es un alacaidía, que estaba completamente vacío. Nos habían pedido colaboración para asegurar, a partir de la posibilidad del traslado de Los Monos durante el juicio (que al final no se produjo). Lo coordinamos con el subsecreario de asuntos penitenciarios del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos aires, Juan José Baric”, relató. Aclaró que estaban al tanto Arribas, Majdalani y ex titular de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari.
A Ezeiza dijo que fue invitado por Suriano, jefe de inteligencia, con Terra, Dominique Lasaigues y Funes. Lo describió como si fuera una visita guiada que derivó en conversaciones sobre posibles “eventos” a prevenir, vinculados con detenidos narco, aunque también visitó el pabellón de los ex funcionarios y empresarios detenidos por corrupción, que en la causa son considerados víctimas de espionaje y aprietes. La indagatoria no terminó, continuará el 16 de julio.
La oficina de escuchas
Integrantes de la Comisión Bicameral que fiscaliza las actividades de inteligencia, y que encabeza Leopoldo Moreau, irán este viernes a las oficina de escuchas de la Corte Suprema (técnicamente llamada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado), a reunirse con su director, Juan Rodríguez Ponte. Es el primer acercamiento tras la decisión de hacer operativo un convenio, de 2016, que establece que la comisión en cuestión controle, audite y supervise a la dependencia tan cuestionada durante los años de macrismo, en que se produjeron gran cantidad de filtraciones de escuchas. El alto tribunal maneja la interceptación de comunicaciones por un decreto de Mauricio Macri, que le quitó esa facultad a la Procuración General.