La causa fue elevada a juicio oral y se suma a un escándalo judicial con derivaciones políticas.
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quedó en el centro de una tormenta judicial y política luego de que la querella que representa a Melody Rakauskas, ex empleada municipal, solicitara formalmente su detención por los delitos de abuso sexual simple, hostigamiento continuado y desobediencia judicial. La causa, iniciada en 2021, fue elevada a juicio oral por el juez Fernando María Caicedo, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 31.
«El intendente ha incurrido en una conducta sostenida de hostigamiento hacia la denunciante, ignorando resoluciones judiciales previas y generando un contexto de violencia institucional», señalaron desde la querella, que también enfatizó el riesgo procesal que representa la libertad del funcionario.
La causa, que ya tiene procesamiento firme desde mediados de 2024, se apoya en el relato de Rakauskas, quien en mayo de 2021 denunció que fue obligada a mantener relaciones sexuales con Espinoza durante su tiempo como empleada del municipio. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a través de su Sala VII, confirmó el procesamiento y mantuvo un embargo de $1.500.000 sobre el acusado.
Los camaristas destacaron que “el testimonio de la denunciante se mantuvo coherente y sostenido en el tiempo”, y valoraron como clave la existencia de pruebas que coinciden con los hechos narrados por la víctima. “Todos los elementos fueron analizados desde una perspectiva regida por la sana crítica y la amplitud probatoria”, añadieron los jueces en su fallo.
Si bien aún no se designó el tribunal que llevará adelante el juicio oral, la situación de Espinoza se agrava en un contexto de crisis interna dentro del justicialismo bonaerense, donde las tensiones entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner no hacen más que profundizarse. La figura del intendente, uno de los barones históricos del conurbano, aparece cada vez más debilitada y cuestionada.
Este nuevo avance judicial deja a Espinoza en una posición incómoda tanto dentro del escenario político como en el terreno legal. La causa no solo podría impactar en su futuro institucional, sino también en el equilibrio de poder dentro del peronismo bonaerense. Mientras tanto, la voz de la denunciante sigue resonando con fuerza en un país que exige respuestas y justicia ante los casos de violencia de género en el ámbito del poder.