Uno de los capítulos que más preocupan al Gobierno y que más consecuencias podrá traer, especialmente en el AMBA, es la quita de los subsidios a la energía que redundará indefectiblemente en una suba de las mismas.
Distintos sectores de la oposición esperan que el Gobierno dé a conocer no solo los detalles del acuerdo con el FMI, sino también el «cómo lo harán» y hasta el momento hay más dudas que certezas sobre en quién recaerá el peso de los necesarios recortes que demandará el consenso anunciado el viernes.
Todavía faltan temas por negociar antes de cerrar definitivamente un acuerdo con el FMI y que el Congreso lo trate.
Sin dudas, uno de los capítulos que más preocupan al Gobierno y que más consecuencias podrá traer, especialmente en el AMBA, es la quita de los subsidios a la energía que redundará indefectiblemente en una suba de las mismas.
Ayer la número dos del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, insistió en que acordaron con el Gobierno reducir los subsidios a la energía de manera progresiva y que es un tema importante en la negociación que aún debe concluirse.
Gopinath tuiteó en el que resaltó: «Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía en una forma progresiva será importante» y adjuntó el comunicado del Fondo tras el acuerdo, donde ya se mencionaba este tema como «esencial para mejorar la composición del gasto del Gobierno«.
Precisamente hoy se realizará la audiencia pública para definir el precio del gas que pagan los usuarios.
A medida que transcurren los días, comenzaron a emerger las dudas de cómo se llegará a las metas acordadas. Para el comienzo de esta semana el mercado espera que prime la moderación.
El sector energético dentro del Gobierno está controlado celosamente por los funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner: el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y el interventor en el Enargas, Federico Bernal.
El año pasado el ministro de Economía, Martín Guzmán, sufrió un fuerte desaire cuando intentó remover al subsecretario Basualdo y no lo consiguió.
La necesidad de actualizar tarifas está atada, además, a un problema que afecta a todos los países: la disparada del precio internacional del gas natural licuado (GNL).
Además, el Gobierno tiene otro problema que enfrentar este año: Bolivia venderá menos volumen de gas a un precio esperado de US$7,46, ya que su producción cayó 13,5% interanual en el último trimestre, según G&G Energy Consultants.
Días antes del comunicado del Fondo, la Secretaría de Energía, que responde a Guzmán, publicó en el Boletín Oficial un informe detallado de cuánto deberían aumentar las tarifas de gas para cumplir con las transferencias presupuestadas. El informe señala que el servicio debería subir por los menos un 35%.
En el Presupuesto 2022 que no aprobó el Congreso, el Palacio de Hacienda había previsto una reducción de los subsidios energéticos equivalente al 0,5% del PBI. Además, ya se anunció una suba de 20% en las tarifas de luz y gas, mientras se sigue trabajando en la segmentación de los usuarios.
En Casa Rosada saben que este año hay margen para aumentar tarifas, pero en 2023, con la carrera presidencial iniciada, se acotan las posibilidades. El problema que enfrenta el Gobierno es quitarle ese ancla a la inflación y cómo evitar que el aumento de tarifas se traslade a precios y poder cumplir con otro de los puntos del acuerdo con el FMI.