El entrerriano Gustavo Bordet salió a aclarar que no apoyaba la iniciativa.
El pedido de juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, una iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández que cosechó el apoyo de once gobernadores oficialistas, despertó la polémica entre la Casa Rosada y la gobernación de Entre Ríos.
“Gustavo Bordet no firmó el comunicado ni va a acompañar la petición contra los miembros de la Corte”, subrayaron desde la gobernación de Entre Ríos, a pesar de que su nombre figuró en el comunicado oficial que emitió Presidencia.
En ese marco, precisaron que el mandatario provincial participó vía Zoom de la reunión que encabezó el Presidente en la Casa Rosada, pero “no acompañará la petición”.
“Quizás hubo un error. Solo traslado la postura del gobernador luego de ver su nombre en la comunicación oficial. Y sin ánimo de contradecir a nadie”, aclararon.
Ante la consulta respecto de si el mandatario provincial tuvo una conversación con Fernández previo al encuentro virtual, fuentes de la gobernación entrerriana dijeron no estar al tanto de si existió un diálogo anterior al cónclave de este mediodía o si desde Presidencia “tomaron su participación como un apoyo sin confirmar antes de publicar” el documento.
Frente a la pregunta acerca de lo sucedido, desde el área de comunicación de Ejecutivo nacional no hubo ninguna aclaración acerca de la desmentida que realizaron desde el entorno de Bordet.
Pero poco después, el propio gobernador, aliado del Presidente, salió a despegarse, al decir que si bien había escuchado sus argumentos, nunca había admitido acompañar la medida.
Sin embargo, tras golpe político que representó la marcha atrás de Bordet, también surgieron dudas sobre el apoyo de gobernador de Chubut, Marcelo Arcioni, que se encuentra fuera del país en un viaje. Durante su licencia, el vicegobernador Ricardo Sastre participó virtualmente de la reunión encabezada por Alberto Fernández. Sastre tampoco firmó el pedido de juicio político.
Decidieron no participar de la embestida contra la Corte los jefes provinciales afines y representantes del PJ en San Juan, Sergio Uñac; Santa Fe, Omar Perotti; San Luis, Alberto Rodríguez Saa; y Salta, Gustavo Sáenz. Tampoco los gobernadores disidentes, que se comportan de forma ocasional como aliados, Arabela Carreras, de Río Negro; y Omar Gutiérrez, de Neuquén.
El jefe de Estado cuenta con el aval de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).