Toma de Guernica: La idea es que se queden en Guernica los que son locales y que los intendentes localicen en sus partidos de origen al resto de las familias. Las solución no será fácil porque muchos no quieren irse.
Con unos días de respiro por la postergación del desalojo, la gobernación bonaerense buscará armar un acuerdo con las familias de la toma de Guernica y varios intendentes del conurbano. La idea que evalúan los funcionarios de Axel Kicillof es que sólo los vecinos procedentes de Guernica se queden en ese municipio, y que otros intendentes den una solución al resto de las familias, relocalizándolas en sus partidos de origen. Así lo señaló Rubén Pascolini, subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. “La provincia está pensando, a partir de todo lo que ha sucedido en los barrios populares, atravesados por la pandemia y con deudas estructurales, que esta situación de toma de tierras tiene que dar lugar a un plan integral de hábitat, y en eso estamos trabajando”, agregó.
Está claro que el tiempo abierto hasta el 1ro octubre, la nueva fecha fijada para el operativo policial, no es suficiente para destrabar una situación tan compleja como la que se plantea en la ocupación, donde hay unas dos mil familias, con sus niños.
Pascolini habló de tiempos más largos y mencionó que la provincia quiere “un desalojo acordado”, que implique la firma de actas de compromiso entre el Estado y quienes reclaman un lote donde vivir. Esto sugiere que consideran improbable que pueda lograrse una solución- –en términos de acceder a un lugar– para todos de manera inmediata. En parte de los casos, el estado ofrecería firmar un compromiso o algún otro instrumento de ese tipo.
En el censo realizado por el estado bonaerense con apoyo de ministerios nacionales, se registraron 1.904 personas, aunque el número podría aumentar porque no todos accedieron a censarse. Las casillas son 2.344, cada una con su lote.
Los abogados de La Gremial que representan a los vecinos que están en la toma señalan que hasta ayer, el ofrecimiento de las autoridades era armar el registro con la promesa de asistencia y seguimiento, «pero el planteo era váyanse y después vemos». «Hay muchas personas que no pueden volver a donde vivían antes, en algunos casos porque han perdido sus trabajos o por cuestiones de violencia de género», adelantó sobre este punto la abogada María del Rosario Fernández. Todo el panorama indica que las negociaciones no serán fáciles ni libres de tensiones.
En relación con el conflicto tomaron intervención ministerios de la Nación y la provincia, que participan de una mesa de articulación que lleva diez días trabajando para un desalojo acordado. Están los ministerios de Desarrollo Social y de Hábitat y Vivienda nacionales, los de Desarrollo de la Comunidad, Justicia, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Mujeres y políticas de género y los organismos de Niñez y Adolescencia bonaerenses.
El enfoque de trabajo del gobierno es «segmentar las problemáticas para darles respuesta«. Según expresó el subsecretario de Hábitat, «una primera segmentación es también que cada distrito sea receptor de la población de origen».
Durante la mañana también habló, con definiciones muy similares a las de Pascolini, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino. «La idea es relocalizar a las personas en sus lugares de origen», detalló. Y consideró que «más allá de que no estamos de acuerdo que el tema esté judicializado, el juez tiene buena voluntad para acompañar las decisiones de la Provincia«.
Sobre la fecha del desalojo, apuntó que si bien quedó fijado como el plazo el 1 de octubre, «seguro va a llevar más tiempo» .
«Planteamos la no judicialización de la toma y estamos en contra de la intervención de las fuerzas de seguridad. Los propietarios reclaman algo legítimo, que son sus terrenos, pero tienen que entender que esa respuesta no es inmediata», dijo.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, se reunió con la intendenta de Presidenta Perón, Blanca Cantero, que viene manteniendo las posturas muy cerradas a una negociación. Según trascendió, Larroque buscó que la intendenta de su aval para hacerse cargo de dar una respuesta a la situación de los vecinos de la toma que son de la propia Guernica.
«Trabajar integralmente es la única posibilidad de resolución. Estamos buscando opciones de lugares donde otras parte de esa población pueda ir. Hay que asumir que en este conflicto no se va a resolver en lo inmediato la totalidad, pero estamos buscando cómo resolver una parte importante en poco tiempo, en meses», concluyó sobre el tema el subsecretario de Hábitat de la provincia.