Matías Duarte, del equipo de abogados del CELS que acompaña el reclamo territorial de comunidades indígenas del norte salteño, analiza el fallo, que será traducido al wichí.
«Es una sentencia que tiene directas consecuencias sobre las formas de interpretar los derechos que están reconocidos en la Constitución Nacional a los pueblos indígenas», destacó el abogado Matías Duarte sobre el fallo de la Corte Inteamericana de Derechos Humanos que declaró al Estado argentino responsable de violar derechos de las comunidades indígenas que habitan en los ex lotes fiscales 14 y 55, en el departamento Rivadavia Banda Norte, el extremo noreste de la provincia de Salta.
La Corte ordenó al país entregar un título único sobre 400 mil hectáreas del territorio de uso ancestral, libres de la ocupación de criollos, y de los vacunos que crían, aunque advirtió que el traslado de estos pobladores debe hacerse de manera pacífica.
Duarte integra el equipo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que asiste a la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, la organización que encabezó la demanda internacional. Como la Corte fijó un plazo máximo de seis años para que el Estado lleve a cabo las acciones para restituir derechos a las comunidades indígenas «víctimas» (así las llama el Tribunal internacional), el abogado consideró que el gobierno nacional y el de Salta “van a tener que trabajar intensamente para cumplir con los plazos porque es una tarea muy importante la que tienen que realizar tanto en el traslado de miles de cabezas de ganado que existen allí como de la población criolla”.
El coordinador de Lhaka Honhat, Francisco Pérez, cacique de Misión Cañaveral, en el pueblo de Santa Victoria Este, se declaró «contento» con la decisión de la Corte, aunque advirtió que “esto no es final», porque hay plazos para cumplir en un proceso que «no es fácil».
Duarte puso de relieve dos aspectos: es la primera vez que la Corte Interamericana dicta una sentencia «en contra del Estado argentino en materia de derechos de pueblos indígenas y además es la primera vez que aborda de modo integral los derechos que les son reconocidos a estos pueblos respecto a la propiedad, el ambiente, el acceso al agua y a la alimentación«. El Tribunal «hace una interpretación inédita en la materia respecto a cómo están relacionados todos estos derechos con su forma tradicional de vida y que da sustento a lo que Lhaka Honhat vino sosteniendo todas estas décadas, respecto a la importancia de tener un título único, un territorio sin subdivisiones y en el que no existan interferencias de terceros ni de sus actividades productivas como son las miles de cabezas de ganado que se encuentran allí», sostuvo.
Ese título único comprende a todas las comunidades del territorio, estén o no dentro de la organización Lhaka Honhat.
El Tribunal estableció «una serie de pasos para esta finalidad, y también se establece la obligación de trasladar todos los animales que se encuentran en el lugar y levantar el alambrado existente allí sobre territorio tradicional, para eso la Corte fijó un plazo máximo de seis años y le impuso la obligación al Estado de presentar informes semestrales respecto al cumplimiento de esta obligación», señaló Duarte. Indicó que ya en el primer informe, que debería presentarse dentro de seis meses, el Estado tiene que entregar un «plan con el cual van a ejecutar y cumplir la sentencia» y «cada seis meses tienen que rendir cuenta de las acciones realizadas y qué es lo que van a hacer para que en el plazo máximo de seis años esto se cumpla».
Si embargo, la cuarentena por el coronavirus puede provocar que haya algunas demoras iniciales para comenzar a planificar las acciones. La ingeniera Ana Alvarez, de la ONG Asociana, que acompaña a Lhaka Honhat, informó a Salta/12 que aún no fueron contactados ni por el gobierno provincial ni el nacional. «Reconocemos que es un tiempo complejo para todos y hay un aislamiento obligatorio que va a impedir que esto siga un cauce normal por lo menos en los primeros tiempos. Así que va a ser difícil llegar a tener una reunión en breve”, explicó.
Los ex lotes fiscales 55 y 14 comprenden 643 mil hectáreas, de uso ancestral de pueblos indígenas pero que paulatinamente, a pesar de la resistencia indígena, fueron siendo ocupadas por pobladores criollos y sus actividades productivas. Hace 28 años que Lhaka Honhat litiga por el reconocimiento de la propiedad. En el camino, aceptó que el título sea solo sobre 400 mil hectáreas, para que en las restantes se asienten las familias criollas.
Duarte recordó que el Estado ya ha desarrollado acciones en este territorio, pero si bien «hay unidades ejecutoras, hay personal que estaba trabajando», no se hacía «en el modo suficiente para garantizar los derechos de las comunidades indígenas», por lo que entendió que «ahora va a tener que tener una posición proactiva para cumplir» con la sentencia.
Seguido de cerca
Otro aspecto que el abogado destacó es que tras esta sentencia el Estado argentino, y el salteño, van a tener «un control y una supervisión» de la Corte Interamericana. Y para Duarte, «en un Estado que tenga una visión apegada a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos, es impensable que se incumpla la decisión del tribunal de justicia del sistema Interamericano de Derechos Humanos».
La sentencia prevé “que cada plan, cada acción, cada medida que se lleve adelante tiene que ser notificada, y hasta en algunos casos consultada, con Lhaka Honhat porque en la etapa de cumplimiento de la sentencia las víctimas del caso son parte, entonces tienen activa participación en esa etapa», explicó Duarte antes de resaltar que el CELS seguirá acompañándola en este proceso.
«Es un proceso bastante complejo donde sabemos que la Corte da un seguimiento muy minucioso de sus sentencias, así que vienen unos años de bastante trabajo para todos, para el Estado provincial, el nacional, la organización Lhaka Honhat, sus abogados y organizaciones de apoyo», añadió Alvarez. Es que «va a haber que darle seguimiento a cada una de las cuestiones incluidas en la sentencia y esto sí va a requerir de mucho tiempo de reunión y de planificación de todo ese trabajo», indicó.
Desde el territorio, Francisco Pérez señaló que «falta saber qué va a hacer el Gobierno», aunque dijo creer que «se va a apurar también». Tras recordar el largo proceso de solución amistosa que se tramitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde «como que el gobierno (de Salta) no tenía mucha prisa», con muchas reuniones y conversaciones que luego no se ponían en práctica, el coordinador insistió en que piensa que «el gobierno va a tomar en serio la cosa».
“No es un pedido de hace cinco años», recordó enseguida para destacar que «los acuerdos ya están, ahora lo que falta es la delimitación (del territorio), determinar eso y arreglar con las familias criollas que tienen derechos, que presentaron sus carpetas», luego con las que tienen derechos y no presentaron carpetas y también están, señaló, «los que no tenían derechos sobre la tierra. No es fácil”.
«Nosotros no éramos solos»
La novedad de la sentencia fue muy bien recibida en las comunidades. El jueves último hasta avanzada la noche Francisco Pérez estuvo recibiendo llamadas. “Estoy muy contento y los felicito a todos también. A la gente que nos acompaña. Nosotros no éramos solos, mucha gente nos acompañaba”, sostuvo antes de incluir en el saludo a cada persona que fue solidario con su reclamo.
El vierens por la mañana Pérez fue al estudio de FM Lhapakas, la radio de los pueblos indígenas de la jurisdicción de Santa Victoria Este. Ahí participó de una emisión en la que se leyó un resumen del fallo y luego dio algunas explicaciones en idioma “como para que todas las comunidades que son parte de esta demanda pudieran escucharlo de boca de su propio coordinador”, contó Alvarez, que también acompaña el proceso de comunicación comunitaria.
Con este mismo fin, esperan traducir una buena parte del fallo, «hay intérpretes wichí que van a trabajar en eso, como para poder comunicarlo en su propia lengua y que todas las familias que integran las comunidades beneficiadas por esta sentencia la puedan escuchar”.
Si bien los efectos de esta sentencia se aplican solamente para este caso, marca un antecedente para los pueblos indígenas. «Todas las comunidades de los pueblos indígenas que se encuentren en situaciones iguales o similares a Lhaka Honhat respecto a la violación de su territorio, a la violación de su derecho, al acceso al agua, la alimentación y demás, pueden utilizar esta argumentación para defender sus derechos”, explicó Matías Duarte.
El abogado destacó asimismo que esta sentencia cierra algunas discusiones, como la del título de propiedad único, si debía haber subdivisiones, si se podían dejar los animales o no en el territorio. “Todo eso ya está despejado”.
Fuente: Página 12