En un allanamiento realizado en noviembre, se detuvo al sospechoso y se secuestró toda evidencia digital, desde donde se pudo comprobar que el joven había intercambiado 78 archivos con material sensible donde había menores de edad.
A través de un reporte ONG NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), se detectó la actividad ilícita que desplegaba el acusado desde la ciudad de Orán.
La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu) en el marco del Plan Piloto de Oralidad, donde con el acuerdo de las partes, se arribó a un juicio abreviado para un joven como autor del delito de distribución de material de abuso y/o explotación infantil (MASI).
La jueza María Laura Toledo Zamora, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta, entre las que se cuenta no cometer nuevo delito y realizar tratamiento psicológico. En el mismo fallo se dispuso que sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.
La investigación de la Fiscalía inició en septiembre de 2023, cuando la ONG NCMEC reportó que en la ciudad de Orán, un usuario estaba vinculado a la distribución de material de abuso sexual infantil a través de la red social Telegram.
En un allanamiento realizado en noviembre, se detuvo al sospechoso y se secuestró toda evidencia digital, desde donde se pudo comprobar que el joven había intercambiado 78 archivos con material sensible donde había menores de edad.