El juez Juan Pablo Augé y los fiscales creen que “funcionarios de las máximas jerarquías del SPF» ejecutaron «un plan para controlar y vigilar» a ex funcionarios y empresarios detenidos.
El último día que Emiliano Blanco trabajó como director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en mayo, dos personas de su equipo se llevaron varias cajas llenas de documentación de las oficinas a su cargo. Lo revelaron dos funcionarios que lo habían visto con sus propios ojos y que tuvieron que declarar el jueves último cuando una delegación de la fiscalía de Lomas de Zamora y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó la Dirección Nacional del SPF, en Lavalle y Pueyrredón, en la Ciudad de Buenos Aires. Buscaban material vinculado con el espionaje ilegal en las cárceles. Porque los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide ya están convencidos a esta altura de que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo actividades de inteligencia ilícitas sobre un grupo específico de ex funcionarios y empresarios presos por causas de corrupción, y así lo dejaron escrito en las órdenes de allanamiento que se desplegaron también la última semana en el penal de Ezeiza, en la ex Área 50 (de Inteligencia) y en el Departamento de Asuntos internos. Claro que con el dato del robo de papeles, el viernes hubo otro operativo en las casa del propio Blanco, que ahora quedó formalmente imputado en la causa. Fue en el country Highland Park y también en las viviendas de los colaboradores que lo ayudaron.
El IRIC, invento para espiar
Lo que afirma la fiscalía y fue remarcado por el juez Juan Pablo Augé al ordenar los allanamientos es, textual, que “funcionarios de las máximas jerarquías del Servicio Penitenciario Federal habrían llevado a cabo un plan para controlar y vigilar todos los movimientos, conexiones y actividades que desarrollaron las personas privadas de la libertad incorporadas por ellos al Programa IRIC (Intervención para la reducción de índices de corruptibilidad), que principalmente incluyó a ex funcionarios públicos imputados de haber cometido actos de corrupción. Tal mecanismo habría desviado su finalidad legal y se habría convertido en una fuente de información que luego era utilizada para distintos fines, y compartida presumiblemente a la Agencia Federal de Inteligencia”. El IRIC fue un sistema que inventó el macrismo, para tener encarcelados todos juntos a los ex funcionarios kirchneristas y otras personas ligadas a ellos. La investigación judicial plantea que se creó, precisamente, con fines non sanctos. Algunas de las derivaciones más conocidas fueron aprietes a presos y familiares; otra a través de la filtración de las llamadas de los teléfonos públicos intervenidos, que se usaron para difundir llamadas privadas de los presos y armar el “Operativo Puf”, que contrarrestara la causa del D’Alessiogate.
Cuando los fiscales hablan de que los responsables fueron las máximas jerarquías, se refieren a personas puntuales: además de Blanco, su asesor Fernando Carra, el chofer de éste, Sergio Ducal, Cristian Suriano, que era el jefe del Area 50 de Inteligencia, Miguel Angel Perrotta, ex jefe de Asuntos Internos y Juan Carlos Silviera, ex director de Seguridad. Ahora quedan salpicados dos nombres más, los de quienes ayudaron a Blanco a llevarse la documentación en sus autos: Fernanda Koser, del Servicio de Prevención de Corrupción, vinculado con el IRIC, y Marchese, jefe de gabinete del SPF. Ambos siguen en funciones.
La renuncia de Blanco –un ex funcionario que venía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pero permaneció con el de Macri-– fue aceptada en mayo último después de idas, vueltas y largos silencios en el Ministerio de Justicia, en un contexto donde se superponían problemas: había una escalada de protestas en las cárceles a raíz del coronavirus, con epicentro en Devoto, donde se le atribuía al ex funcionario la pérdida de control pero, además, comenzaba a avanzar la investigación sobre espionaje y el juez que entonces tenía la causa, Federico Villena, allanaba la Dirección de Inteligencia del SPF, la de Seguridad y el penal de Ezeiza. ¿Por qué? Porque ya aparecían conexiones entre el grupo de espías conocidos como “Super Mario Bros” y el SPF y porque dos testigos de identidad reservada describieron con muchísmo detalle cómo se había “cableado” con micrófonos y cámaras la zona del IRIC del penal de Ezeiza, cómo la información era enviada a Inteligencia y el hecho de que su usaba, por ejemplo, para presionar a ciertos detenidos para que declaran contra CFK o en las causas de alto impacto, como la de los cuadernos u otras.
En el procedimiento del jueves, del que participó la fiscal Incardona en persona, fueron hallados documentos útiles para la investigación en un sector de la Dirección Nacional llamado Dirección de Trato y Tratamiento. Se incautaron computadoras donde había informes de las personas privadas de la libertad en el IRIC y que, todo indica, eran monitoreadas con una ingeniería específica, no precisamente para cuidarlos. También en Ezeiza aparecieron carpetas con datos y reportes del mismo tipo, sobre las mismas personas, del mismo sector. Allí, al módulo 6 del penal, donde estaba el IRIC, habían trasladado al narcotraficante Mario Segovia, con la excusa de que lo iban a controlar porque podría estar digitando delitos desde la cárcel o planeando una fuga. Pero lo que se hacía, según declararon dos personas que trabajaban allí, era espiar a los ex funcionarios y empresarios. A ellos les parecía extraña la presencia de Segovia en ese lugar, y tenían motivos para dudar.
En los allanamientos del viernes también se secuestraron teléfonos de Blanco, que serán analizados, pero ni en su casa ni en la de los funcionarios se encontraron los documentos buscados. También están pendientes de análisis los celulares de los otros sospechosos del SPF que, a entender de la fiscalía, conformaban “una de las ramas de la organización criminal investigada en estas actuaciones”. En efecto, otra pata de la investigación es la relacionada con el espionaje a políticos, tanto oficialistas durante el gobierno de Cambiemos como opositores, periodistas, dirigentes sociales y eclesiásticos, en una lista que hay nombres que van desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Horacio Rodríguez Larreta.
Las pruebas
* Una de las pruebas que hay hasta ahora sobre el espionaje en la cárcel, que fue puntapié para la aparición de otras, estaba en el celular del ex espía Leandro Araque, igual que muchas de las carpetas sobre seguimientos a políticos. Había una planilla tipo Excel con una lista de las personas privadas de la libertad en el IRIC (funcionarios, sindicalistas, empresarios), el detalle de la causa por la que estaban o están detenidos, un semáforo –que había sido revelado por este diario– que parecía indicar la prioridad para espiarlo y el nombre del agente encargado de sus seguimiento. En otro ítem de “observaciones” figuraba el lugar de detención y otras personas vinculadas al expediente.
En la lista de detenidos estaban, entre otros, Lázaro Baez, Omar “Caballo” Suárez, César Milani, Ricardo Jaime, Fabián de Sousa, Julio de Vido, Juan Pablo Pata Medina, Cristóbal López, Carlos Kirchner, Roberto Baratta, Jorge Chueco, Víctor Manzanares, Oscar Thomas, Fernando Esteche, Rafael Llorens, entre otros. En el caso del ex jefe del Ejército, Milani, además había un gráfico donde se detallaba su grupo familiar, su ámbito carcelario, amistades y políticos cercanos, quiénes lo visitaban, con qué abogados hablaba. En otra planilla figuraban las preguntas “para obtener información de interés para la organización criminal”. Aunque la mayor parte de la información carcelaria se refiere al sistema federal, también se encontraron rastros de espionaje en Melchor Romero, incluso un sistema de cableado y una celda preparada para Pablo Moyano, cuando además salía a la luz presionaba para que lo metieran preso. Araque incluso presentó todos sus archivos ante la bicameral de Inteligencia del Congreso cuando fue citado.
* Uno de los testigos de identidad reservada describió cómo se hacían los seguimientos a los ex funcionarios presos y la recolección de información por parte de “agentes y autoridades” y señaló la presencia de cámaras y micrófonos, parte de los cuales fueron hallados en un primer allanamiento que hizo el juez Villena. Carra fue señalado como alguien que veía a los presos y los presionaba. “Formaba parte de un engranaje manejado por Emiliano Blanco del cual participaban Perrota y Suriano”, dijo. Estos últimos “se encargaban de la parte logística, es decir, recolectar información a través de la observación de los internos del programa IRIC por medio de cámaras y micrófonos (…) La parte de las cámaras y micrófonos estaba a cargo de Suriano. La parte de Perrota era la de infiltrar agentes que cumplían la función de celador. Estos se encargaban de anotar toda la actividad que realizaran los internos que se encontraban siendo investigados por la Justicia, los cuales era Segovia y Medina, pero en realidad, su actividad se centraba en los internos mencionados, como ser (Carlos) Zaninni, (Amado) Boudou, (Daiel) Pérez Gadín, Ricardo (Jaime), Lázaro Báez…”.
Otro testigo secreto dijo que se utilizaban para la vigilancia dos monitores de “aproximadamente un metro por un metro”, que estaban conectados a una CPU y que lo que observaban lo dejaban plasmado en un cuaderno y a veces hacían capturas de las pantallas. Si escuchaban algo muy relevante lo transcribían y guardaban en un pendrive. Esos aparatos estaban en la sede de Inteligencia penitenciaria, el Área 50, a cargo de Suriano. Lo que creen los investigadores es que la información circulaba de los penales hacia esa dependencia, en la calle Varela 266, en Flores, y de allí a la AFI y tal vez otras autoridades de la Casa Rosada.
* Las declaraciones de algunos espías permitieron inferir que el algunos integrantes de “Super Mario Bros” fueron al penal de Ezeiza y que uno de ellos, Jorge “el Turco” Saez, que había sido penitenciario, tenía relación con Suriano. Los ex espías Alan Ruiz, jefe de Operaciones, Martín Terra, Dominique Lasaigues y Mercedes Funes Silva estuvieron en el penal de Ezeiza, en el IRIC. Ruiz declaró que los llevó Suriano y que unos días antes habían tenido reuniones con Blanco.
* “La estructura para recolectar información de las personas alojadas en IRIC fue posible gracias a la creación de programas, en apariencia legítimos, regulados por normas aprobadas por la propia administración penitenciaria, como ser las Pautas generales de funcionamiento del sistema IRIC”, explicaron los fiscales. Esa norma generó un sistema de circulación de información con apariencia de legalidad que incluía a distintas áreas del SPF: la Dirección General de Régimen Correccional y Dirección Principal de Trato y Tratamiento dependiente de la primera; la Dirección Principal de Análisis de la Información; el Departamento de Asuntos Internos y la Dirección Nacional. Toda esa normativa también fue secuestrada, con los antecedentes de su confección.
Con todas estas novedades, es posible que se cite a dar testimonio a varios de los presos espiados, se avanza en un peritaje para establecer la forma de contacto de Ezeiza con el Área 50 y podrían incorporase nuevas imputaciones. A la vez, avanza el peritaje sobre 50 celulares en la causa.