Image default
Policiales

Allanamiento, detención y secuestro en la Brigada de Orán

Hay 11 efectivos policiales detenidos que enfrentan los cargos Privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones.

El Juzgado de Garantías 1 de Orán hizo lugar a un nuevo pedido de allanamiento, detención y secuestro requerido por la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, en el marco de la causa que investiga la supuesta comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y lesiones leves en concurso ideal, por parte de efectivos de la Brigada de Investigaciones 2 de esa ciudad. Hasta el momento son 11 los detenidos. Los procedimientos estuvieron a cargo del personal de la Unidad Especial de Investigaciones del CIF.

Las nuevas medidas ordenadas que incluyeron múltiples allanamientos en la Brigada de Investigaciones 2 de Orán y en los domicilios de los efectivos mencionados, se concretaron ayer jueves.

Como resultado, fueron detenidos un oficial auxiliar a cargo de la dependencia y otros dos oficiales; un suboficial principal y cuatro sargentos que estuvieron de guardia el día del hecho. Cabe recordar que el pasado viernes 23 de abril fueron detenidos un oficial y dos sargentos, en el marco de la misma causa.

Nuevos testimonios de internos alojados en la Brigada de Investigaciones fueron coincidentes al señalar que el pasado 8 de abril, los efectivos policiales ingresaron a un hombre a una habitación de la dependencia que está atrás del patio interno. Relataron que luego cerraron la puerta y pusieron música a alto volumen, aunque pudieron escuchar gritos de dolor. Dos de los internos manifestaron que también fueron víctimas de torturas con bolsas en la cabeza y golpes.

El pedido de detención de la fiscal Verónica Simesen de Bielke se fundó principalmente en la gravedad de los hechos de violencia institucional y en la necesidad de impedir que los investigados continúen los acometimientos en contra de la población, con el abuso del poder que detentaron al cumplir funciones en la fuerza provincial. Justamente, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza solo sea utilizado como último recurso y con estricto apego a los estándares internacionales y el respeto de los derechos humanos, lo que no se vislumbra en la causa. Asimismo, sostiene, resulta reprochable la conducta del resto de los efectivos y del jefe, quienes están obligados a denunciar las torturas llevadas a cabo mientras se encontraban en la dependencia, por lo que omitieron cumplir esa obligación legal.

También te puede interesar

Villa, eximido de ir a prisión

Silvina Irrazabal

Imputaron a una mujer por atacar a sus hijas

Carolina Juarez

Coronavirus y acoso: violencia contra contagiados y profesionales de la salud

Carolina Juarez

Rescataron a un potrillo en Joaquín V. González

Carolina Juarez

México teme un pico de violencia tras la pandemia

Ignacio Castellanos

Radiografía de la violencia de género en Argentina, a través de “Línea 137”

Silvina Irrazabal