Los testigos de la tercera y cuarta jornadas cimentaron la imputación del fiscal.
Ayer se llevó a cabo la cuarta jornada en el juicio que se sigue contra Hartmut Torsten Theobald (48), encabezada por los jueces de la Sala VII del Tribunal de Juicio, Francisco Mascarello (presidente), Paola Marocco y María Livia Carabajal.
Se escuchó la declaración de Darío Gustavo Guzmán, Pedro Omar Zambrano, Mario Gabriel Delgado y Mario del Milagro Rojas. Todos ellos se desempeñan laboralmente en la Policía de la Provincia e intervinieron en la etapa de investigación.
El finquero de origen alemán se encuentra acusado de los delitos de homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso en perjuicio de Ramón Ignacio Casas (56), y por tentativa de homicidio calificado por el uso de veneno u otro elemento insidioso en perjuicio de Benito Soraire (70).
Como se recordará, Casas y Soraire eran peones de la finca de Hartmut Torsten Theobald. El imputado está acusado de haberles entregado alimentos con sustancia tóxica (pesticida) a los dos empleados. Los hechos ocurrieron en octubre de 2018.
La audiencia continuará mañana con la declaración de otros testigos propuestos por las partes.
Por el Ministerio Público interviene en el juicio el fiscal Ramiro Ramos Ossorio. La defensa del imputado está en manos de Marcos Molina y Luis César Fernández. En la querella y actoría civil intervienen José F. Teseyra y Alejandro Tapia.
Grave presunción
Durante la tercera jornada del juicio se confirmó que el trabajador rural fallecido denunció al productor ante la AFIP y que los dos damnificados vivían en condiciones deplorables dentro de la propiedad del acusado.
Entre los testigos citados a declarar ante el Tribunal de la Sala VII durante la jornada del miércoles se recibió el testimonio del médico del CIF que realizó el examen cadavérico de Ramón Casas y tomó las muestras para llevar a cabo los estudios complementarios.
Un efectivo policial de la División Homicidios que intervino en la investigación resaltó que el acusado en todo momento trató de deslindar responsabilidades laborales con el fallecido Casas. En su relato, hizo énfasis en la advertencia que había hecho éste a sus familiares sobre la mala relación con su empleador y el temor que tenía por su integridad física. También declararon dos empleados de la AFIP que a partir de la denuncia de Casas por irregularidades en contra del productor, realizaron una inspección en la propiedad rural y pudieron comprobar las deficientes condiciones laborales y de habitabilidad que les brindaba a Casas y Soraire.