El ministro de Economía quiso dejar por escrito que le hereda al próximo gobierno los fondos necesarios para pagar sueldos y deuda. Una forma de retrucar el «no hay plata» que viene repitiendo Javier Milei.
En un documento que lleva su firma y la de Raúl Rigo, el secretario de Hacienda saliente, Sergio Massa quiso dejar por escrito que le hereda al próximo gobierno los fondos necesarios para pagar sueldos y deuda. Una forma de retrucar el «no hay plata» que viene repitiendo Javier Milei.
En un comunicado, titulado «Estado de Situación Financiera al cierre del año 2023», Economía sostuvo que «bajo el supuesto de roll-over de los vencimientos en pesos, el Tesoro Nacional cuenta con los fondos necesarios para financiar el programa de pagos de dicho mes», con relación a diciembre.
La nota aclara que «el 80% del gasto total está representado por gastos prioritarios, tales como sueldos y salarios, pasividades, programas sociales y subsidios económicos».
Massa también aseguró que el Tesoro tiene los fondos «para encarar la compra de divisas y atender las obligaciones por vencimientos del Estado argentino». El problema es que no hay dólares para comprar porque nadie los vende a la espera de una eventual devaluación con el nuevo Gobierno.
Para el ministro saliente, «la deuda flotante cumple con el monto establecido en el programa con el FMI, estando en línea con el promedio histórico».
El informe también consigna que, «siguiendo los principios de eficiencia, prudencia y programación presupuestarios que nos han regido a lo largo de la gestión; se ha constituido una reserva para financiar los gastos de los primeros días del año 2024, de manera tal de garantizar el normal funcionamiento de la Administración Pública Nacional«.
Al detallar la cobertura de las partidas prioritarias -por un total de $ 2.493.000 millones-, el documento precisa que prevén al cierre del ejercicio $ 250.000 millones para sueldos, $ 235.000 millones para aguinaldos, $ 1,48 billón para prestaciones sociales, $ 328.000 millones para la compra de divisas para atender la deuda pública y $ 200.000 millones para otros gastos, especialmente subsidios a la energía y el transporte.