Florencia Morales, de 39 años, fue detenida por violar la cuarentena y horas después apareció muerta en el calabozo. La familia reclama que se aparte el juez y se impulse la investigación.
“El caso de Florencia tiene que tomar la dimensión que se merece”, advirtió Sol Tenaglia, integrante de la Colectiva Feminista Comechingona, una de las agrupaciones que formaron parte de la marcha que este miércoles llevaron a cabo vecinos y vecinas autoconvocados de Santa Rosa del Conlara, para reclamar por la parálisis de la causa que investiga la muerte de Florencia Magalí Morales. Este miércoles se cumplieron 100 días desde la aparición sin vida de la mujer de 39 años, en un calabozo de la comisaría N° 25 de la localidad, en la provincia de San Luis.
La concentración, convocada en la plaza principal de la ciudad donde vivía Morales, comenzó a eso de las once de la mañana y duró hasta el mediodía, cuando las agrupaciones presentes leyeron un comunicado frente a la sede de la Policía. “Hay un encubrimiento entre el sistema judicial y policial que se ve en todas las irregularidades de la causa. Por ejemplo, en la paralización de la recolección de pruebas”, señaló Tenaglia y advirtió que “estamos reclamando también que se aborde la investigación con una perspectiva de género real y efectiva”.
Por su parte, Santiago Calderón Salomón, abogado de la familia de Morales, explicó que el tiempo en la investigación “es clave porque se van perdiendo las pruebas”. La semana pasada, la Cámara Penal se pronunció en contra de la recusación que la querella solicitó para apartar de la causa al juez Jorge Pinto. Sin embargo, “lo intimó a agilizar la investigación, lo que significó reconocer que en el proceso hubo errores, como la suspensión de las audiencias donde debían declarar los policías implicados en el caso”, señaló a este diario el abogado de la causa caratulada como «averiguación de muerte», y precisó que «falta el 90 por ciento de las pruebas», entre ellas, la declaración de los policías que se encontraban ese día en la comisaría, el peritaje de sus celulares, que, según afirmó el abogado, ya se realizó pero no se incluyó en el expediente, la declaración de las dos personas que estaban detenidos ese día junto a Florencia, y las filmaciones de las cámaras de seguridad.
Con el fundamento del riesgo de descomposición del cuerpo de la mujer y la imposibilidad de realizar una segunda autopsia, la querella presentó un pedido de habilitación para que la investigación continúe durante la feria judicial, y esperan la respuesta de la Cámara. “Para la familia toda esta demora significa una contínua re victimización, un golpe tras otro por parte de la Justicia”, advirtió Calderón Salomón y agregó que “es indispensable el apoyo de la sociedad y de todos los organismos nacionales y provinciales para que la causa siga adelante”.