El juez Bavio concluyó que el empresario Matías Huergo, movía los hilos detrás de Arcadio SRL y SEC SA, empresas que evadieron sumas millonarias al fisco. Y que habrían concretado una estafa a las arcas municipales.
En una resolución de más de 700 fojas, el juez federal Julio Bavio sostuvo que el empresario «Matías Huergo era el ideólogo y dueño real de esas firmas, como también el principal responsable de la administración, gobierno y dirección de las empresas» Arcadio SRL y SEC SA, involucradas en un millonario fraude al fisco nacional, y en otras maniobras.
El magistrado procesó ayer a nueve personas, Matías Luis Huergo, Aníbal Anaquín, Álvaro Anaquín, Arturo Jorge Mimessi, Gerardo Rubén Romero, Sebastián Héctor Silva, Juan Nolberto Llanos, Francisco Guzmán Garriga y Oscar Matías Esliman, como integrantes de dos asociaciones ilícitas creadas para evadir impuestos mediante la duplicación de facturas apócrifas. Una de esas asociaciones también tenía una actividad mercantil de venta de estos comprobantes a otras empresas que querían evadir al fisco. Y Arcadio SRL y SEC SA están involucradas en un fraude a la administración pública municipal y provincial, aunque estos hechos todavía no se investigan, por un planteo de competencia todavía no resuelto.
El juez sostuvo que es «claro el vínculo de Matías Luis Huergo con Arcadio Obras Eléctricas SRL”, a pesar de las maniobras para ocultarlo como verdadero dueño y beneficiario. Lo mismo aseveró respecto de SEC SA. Asimismo, destacó que Huergo tenía «la obligación de obrar de otro modo adecuando su conducta al cumplimiento de las leyes», porque tiene «capacidad, experiencia y el conocimiento para ello», y le reprochó que eligiera canalizar «todo su potencial para el crimen» y, peor aún, que lo hiciera con «otros profesionales igualmente idóneos», con lo cual «el grupo se tornó altísimamente peligroso al cubrirse todos los posibles flancos débiles, como así también abarcó un amplio campo delictivo. Para ello utilizó las figuras societarias del sistema jurídico y manipuló a las personas, máxime cuando la organización desplegó todo su arsenal a socavar a la hacienda pública, la que está destinada a la construcción de hospitales, escuelas, y demás obras en beneficio de la sociedad».
Para lograr sus objetivos la organización delictiva «propició la creación y formación de un andamiaje de empresas, bajo distintas figuras societarias, integradas con interpósitas personas insolventes, quienes modelaron como pantalla para ocultar al verdadero propietario, responsable y beneficiario de la actividad económica. De tal modo, se forjaron sociedades como Arcadio Obras Eléctricas SRL, SEC S.A., Lusal Obras y Servicios SRL, Obrar SRL«.
Entre ellas, SEC SA era una mera empresa de «papel», «utilizada al sólo efecto de documentar operaciones que no pudo haber realizado, ya que la magnitud de la operatoria comercial no condecía con su capacidad económica, financiera y operativa, ni la de sus integrantes», mientras que Arcadio «aparentó solvencia y actividad comercial, pero al igual que la anterior, estaba conformada con personas de escasa solvencia».
Esas personas prestanombres eran Gerardo Romero, un jubilado de 75 años, que, sin embargo, era un engranaje principal en la operatoria ilegal. Otra fue la estudiante Camila Muñoz, de 25 años, quien fue incluida como accionista de SEC SA, por su tío, Silva, un contratista de 47 años, que figuraba como gerente de Arcadio. Romero también figuraba como accionista de esta empresa, pero ambos «no contaban con la capacidad para comprar acciones y dirigir una empresa que, entre abril y junio de 2017, facturó a la Municipalidad de la Ciudad de Salta un monto total de $8.632.540 en concepto de provisión, instalación de luminarias y farolas en el ejido municipal».
Otro prestanombre fue el electricista Jorge Luis Bonifacio, de 32 años, empleado de Huergo, y quien, junto a Romero, constituyó Arcadio SRL, «empresa que, entre otras cosas, facturó sumas millonarias al Estado provincial y municipal».
Esta asociación utilizó desde 2016 «facturación apócrifa (duplicada o melliza) para abultar gastos y documentar operaciones en SEC S.A. y Arcadio Obras Eléctricas SRL, con la finalidad de obtener beneficios fiscales inapropiados, evadiendo así el pago de los impuestos correspondientes».
Entre otras irregularidades, se comprobó que «el crédito fiscal computado correspondía a facturas mellizas de un carnicero y de un pequeño local de ferretería de la localidad de Tartagal, quienes informaron que no tuvieron relación con SEC S.A«.
Joaquín Soria es propietario de la casa Elect-Sor, de Tartagal. Le duplicaron diez comprobantes por un monto total de $9.649.646,20. En la investigación el comerciante aportó copia de facturas originales, entre ellas la que se muestra en la imagen, por $3.500; cuando se la duplicaron, a nombre de Arcadio, la hicieron por $1.190.499,64.
Los inspectores de la AFIP detectaron en el caso de Arcadio «facturas de contribuyentes apócrifos y duplicadas por montos que en los períodos fiscales 2016 y 2017 rondarían los treinta millones de pesos ($30.000.000), lo que implicaría un ajuste en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias de veinte millones ($20.000.000). En concreto, se determinó que Arcadio es deudor de $ 2.168.863,09 (IVA 2016), $ 5.246.911,09 (IVA 2017), $ 2.991.145,22 (Ganancias 2016) y $ 7.191.400,37 (Ganancias 2017)», reseña el procesamiento al que Salta/12 tuvo acceso.
Huergo, los hermanos Anaquín, Mimessi, Romero, Silva y Llanos integraban esta primera asociación ilícita.
Una industria de facturas truchas
La segunda asociación ilícita estaba dedicada a facilitar la evasión de impuestos a terceros, a través de la creación y comercialización de facturación apócrifa. Entre los contribuyentes a los que les entregaron estas facturas truchas estaban SEC SA y Arcadio.
Romero era quien proveía las facturas apocrífas a Arcadio y SEC SA, pero además, con Guzmán Garriga y Esliman «formaron parte de otra estructura criminal, cuyo propósito fue la generación y comercialización de comprobantes falsos, para una gran cantidad de usuarios que buscaron reducir fraudulentamente su carga impositiva».
Esta segunda asociación ilícita se valía del nombre de personas físicas y jurídicas para usarlas como «usinas generadoras de crédito fiscal apócrifo».
Con los datos que le aportaba Romero, Guzmán Garriga confeccionaba las facturas mellizas utilizando un programa informático de edición gráfica.
Romero y Esliman conseguían los «clientes» y los datos necesarios (de contribuyentes reales, adecuados a las actividades, rubros y necesidades de los clientes). Una vez confeccionadas las facturas, Romero las entregaba y cobraba el servicio.
Esta actividad estaba tan aceitada que en el procesamiento el juez manifiesta que durante el tiempo que duraron las escuchas «resultaron por demás sorprendentes la cantidad de llamadas que el causante recibía y efectuaba sobre pedidos de facturación».
Aunque todavía se sigue investigando cuánto se evadió con esta operatoria, la AFIP estimó que la organización habría duplicado facturas por un monto superior a los $100 millones de IVA para los períodos fiscales 2015 a 2018.
Funcionarios y algo más
En el procesamiento también se reseña que hay indicios para sospechar que también se perpetraron ilícitos en perjuicio de la administración pública provincial y municipal
Al analizar el rol de los hermanos Aníbal y Alvaro Anaquín el magistrado puso de resalto que el primero fue funcionario municipal. Sobre Aníbal, que es abogado, señaló que «asesoró y colaboró en la conformación de SEC S.A.» y que esto «no se trató de un suceso aislado y vinculado a lo estrictamente profesional, sino que tuvo el designio de actuar en común con los restantes imputados -en especial con el líder y organizador-, para la concreción de los objetivos propuestos por la organización criminal».
«Aníbal Anaquín excedió de sobremanera el plano de las obligaciones inherentes al asesoramiento que como profesional del derecho se podía exigir», sostuvo. Enumeró que el abogado fue su apoderado legal, aportó el domicilio de su estudio para ser declarado domicilio fiscal, fue firmante de cuentas bancarias, propuso a su hermano Álvaro como asesor contable de la empresa SEC SA.
En cuanto a Alvaro, que es contador, reseñó que su elección para intervenir en la constitución de SEC SA fue «premeditada» y se hizo para evitar que figurara el contador Mimessi, «lo que podía constituir un indicio revelador del verdadero propietario de la ‘nueva’ sociedad», porque es quien llevaba el registro contable de las sociedades de Huergo y el que les dio «apariencia de legalidad».
El juez destacó en este sentido que «las caras visibles de SEC S.A. desde un principio fueron los hermanos Anaquín, habiendo manifestado Álvaro que desde su inicio se le dio de alta como proveedora del Estado en su desenvolvimiento, aparece como principal -si no el único- cliente la Municipalidad de Salta, cuando con anterioridad Aníbal Anaquín había desempeñado el cargo de procurador municipal. Ello autoriza a sostener fundadamente que SEC S.A. es un apéndice de la asociación global en la que el nombrado detentaba ciertas facultades de gobierno».
Las acciones de las asociaciones ilícitas rozan a la administración municipal del actual gobernador Gustavo Sáenz, que para cuando esto ocurría era intendente de la ciudad de Salta. Es que la mayoría de las ventas de Arcadio se hicieron a esa Municipalidad. Hay otras conexiones, porque hay facturas que fueron confeccionadas desde IP ubicados en el edificio municipal.
Otro procesado, Llanos era empleado de Huergo y tenía a su cargo la obtención de los comprobantes y facturas. El 6 de marzo de 2018 Huergo le informó que el entonces secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salta, Pablo Gauffín, lo iba a llamar para «coordinar la elaboración de una factura similar a la que hizo previamente, utilizando la compañía DAL BORGO para evitar pagar IVA«.
Fuente: Página 12