La máxima funcionaria de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo hoy que su oficina está preocupada por «crecientes signos de reducción del espacio cívico» en Venezuela y pidió a las autoridades de ese país revertir la situación antes de las próximas elecciones.
Bachelet, en su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, advirtió sobre el agravamiento en los últimos meses de la situación humanitaria en Venezuela por la pandemia del coronavirus y que esto generó protestas sociales y un continuado éxodo.
«Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico», dijo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, después que una misión independiente de la ONU denunciara que continúa la represión de opositores como consecuencias de la visita efectuada el año pasado a Venezuela.
Ayer, por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro rechazó de plano dicho informe.
«Venezuela expresa su más firme rechazo a las falsas acusaciones realizadas por la mal llamada Misión Internacional de Determinación de los Hechos. Una vez más, se vierten señalamientos carentes del más mínimo sustento, a partir de matrices mediáticas y sin contacto directo con la realidad del país», aseguró la Cancillería Venezolana en un comunicado.
Desde Ginebra, el representante venezolano ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Hector Constant Rosales, ya había condenado el informe reclamando: «Este consejo debe reforzar nuestra cooperación con la comisionada Bachelet, que están dando resultados pese a que han sido ignorados por la misión».
Sin embargo, hoy Bachelet fue dura con el Gobierno de Maduro, tal como se evidencia en los siguiente párrafos.
«Desde septiembre, mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición», señaló.
«Desde septiembre, el acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia. Esto ha generado protestas sociales y ha agravado la situación humanitaria», agregó.
«Según algunas organizaciones, el salario medio estaría por debajo de 1 dólar estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año. Alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria», advirtió.
«En este contexto, la asistencia humanitaria es aún más esencial. Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONGs, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos», dijo.
La expresidenta de Chile dijo también que su oficina sigue recibiendo denuncias de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad.
Venezuela celebra este año elecciones de gobernadores, pero los comicios aún no tienen fecha.
En diciembre pasado, el chavismo obtuvo el 92% de los diputados que integran la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en unas elecciones legislativas boicoteadas por el sector del principal líder opositor, Juan Guaidó.
«De cara al próximo ciclo electoral, recuerdo a las autoridades su obligación de proteger las libertades fundamentales y garantizar las condiciones para una participación significativa en la vida pública, incluyendo las voces disidentes», declaró Bachelet.
El representante argentino ante el Consejo de Derechos Humanos, Federico Villegas Beltrán, exhortó al Gobierno venezolano a potenciar la cooperación con la oficina de Bachelet.
«Existen progresos técnicos en la asistencia brindada por la oficina de la alta comisionada y continúan las visitas a centros de detención, tal como reclamó la ex mandataria chilena con apoyo de Argentina y de otras democracias occidentales», dijo el funcionario argentino.
«Exhortamos entonces al gobierno venezolano a potenciar dicha cooperación, estableciendo una oficina permanente en el país conforme a lo requerido por la Alta Comisionada», prosiguió.
El diplomático pidió a Caracas cumplir con los mecanismos y recomendaciones del Consejo y de Bachelet, realizando investigaciones exhaustivas sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, llevando a los perpetradores ante la justicia y garantizando una reparación adecuada a las víctimas, así como también poner fin a los ataques contra organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y periodistas.