Defensores oficiales presentaron hábeas corpus colectivo.
Los 19 defensores oficiales de la provincia de Buenos Aires presentaron ayer un hábeas corpus colectivo ante el Tribunal de Casación para que se excarcele a los presos que se encuentran dentro de la población de riesgo por el coronavirus y que están alojados en cárceles, comisarías e instituto de menores.
Una fuente judicial explicó a Télam que en la presentación, radicada el viernes, los defensores solicitan una serie de «medidas extraordinarias» por considerar «inadmisible que personas que integran los grupos de riesgo por el Covid-19 se encuentren aún hoy privadas de su libertad en cualquier dependencia de distinta naturaleza de la Provincia de Buenos Aires».
En el escrito, los defensores consideraron grupo de riesgo a las personas con más de 60 años de edad, menores, las madres con hijos menores de 5 años, mujeres embarazadas y los llamados protocolizados que, por distintas patologías, presenten mayor riesgo de contagio del virus. La fuente explicó a Télam que se trata de «un universo de entre 1.500 y 2.000 detenidos».
Por ello, pidieron a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, y a los jueces de instancia, «los listados actualizados de los penados y procesados alojados en el Servicio Penitenciario, en institutos y en las comisarías, que aún permanezcan en dichos ámbitos de encierro, pese a ser identificados dentro de grupos vulnerables».
También solicitaron que los magistrados de la instancias inferiores informen a Casación «la nómina de aquellos casos en los que han decidido mantener el encierro, y cuáles han sido los fundamentos para dicha resolución».
«El hábeas corpus colectivo debe dar marco suficiente para que el Tribunal pueda revertir tempestivamente las decisiones que evidencien manifiesta ilegalidad o ignoren las razones humanitarias y/o sanitarias que han fundado el trato diferenciado a ese grupo de personas», graficaron.
También pidieron que se inste a los jueces a «racionalizar el uso de la prisión preventiva, procediendo en su caso a una externación seleccionada de detenidos, siempre con el fin de menguar el hacinamiento en cárceles y comisarías».
«Es evidente que la situación actual de riesgo generada por la pandemia, el agravamiento del encierro por el confinamiento en los pabellones y la suspensión de cualquier tipo de tratamiento en procura de la reinserción social, obliga a reconsiderar la intensidad y proporcionalidad de las medidas cautelares», sostuvieron.
Además, requirieron a los jueces de Ejecución que «adopten las medidas necesarias para resolver las libertades asistidas y condicionales cuando se cumpla el requisito temporal, aún si para esa fecha no cuentan con los informes carcelarios, ni se encuentre operativo el Patronato de liberados para controlar el cumplimiento de las condiciones que se impongan».
«Deben morigerarse las medidas cautelares que hayan sido adoptadas en procesos por delitos leves, sin que haya mediado violencia sobre las personas, o cuando la prisión cautelar ha alcanzado las dos terceras partes del mínimo de la pena del delito que se imputa», solicitaron también. Además, tomaron en cuenta los casos en los que las condenas firmes o no firmes sean inferiores a cinco años y se haya cumplido la mitad de la misma «ya que cuanto menor es la pena en expectativa, se acentuará la desproporcionalidad de la medida cautelar, afectada por la previsible demora de los procesos judiciales». También pidieron que «se disponga la prohibición de nuevos ingresos al sistema de toda persona que esté comprendida en los supuestos de riesgo, debiendo adoptarse las medidas alternativas que el caso amerite». Para los letrados las mendidas adoptadas por el Gobierno nacional para prevenir el COVID-19 «no encuentran iguales beneficios en las cárceles».
Fuente: El Tribuno