El operativo de seguridad fue reducido y sin aplicar el protocolo antipiquete.
La multitudinaria movilización por el 49° aniversario del golpe de Estado de 1976 reafirmó ayer la lucha por los derechos humanos, rechazó el negacionismo de la dictadura por parte del Gobierno nacional y denunció un modelo económico de «miseria» similar al de la última dictadura militar (1976-1983).
Bajo la histórica consigna de Memoria, Verdad y Justicia, miles de personas se concentraron en la Plaza de Mayo. También fueron masivas las convocatorias en otras ciudades del país como Córdoba, Rosario y Mar del Plata.
Los manifestantes, encabezados por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, llegaron hasta la plaza, donde vallas policiales impedían acercarse a la Casa Rosada. Pancartas, cánticos y una bandera que cubría calles enteras con los rostros de los desaparecidos marcaban el paso de la marcha hasta el escenario principal, a la espera de la lectura de un documento unificado entre las distintas organizaciones sociales, después de 19 años.
«Con los 30.000 como bandera, con las Madres y las Abuelas, con los sobrevivientes de los campos de concentración, con los hijos, nietos y hermanos de los detenidos desaparecidos, y con el conjunto de organismos de derechos humanos para decirle a Milei: la memoria es nuestra herramienta», expresaron.
El Gobierno de Milei, desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, ha denostado la lucha por la memoria, negado la cifra que sostienen las organizaciones de derechos humanos, ha despedido cientos de empleados y desfinanciado los entes estatales dedicados a investigar y asistir en la búsqueda de los desaparecidos.
En su discurso, las organizaciones denunciaron que los mismos grupos económicos del país que se beneficiaron con la última dictadura también obtienen ganancias con la administración actual, que implementó «el mismo modelo económico de miseria y exclusión de la mayoría del pueblo» argentino.
También cuestionaron la criminalización de la protesta social y el «protocolo represivo».
Criticaron los despidos y privatizaciones
En el documento consensuado por las organizaciones convocantes, se cuestiona la política económica y social de la administración libertaria. «En el camino de los y las 30.000 seguimos levantando sus banderas de lucha contra la injusticia y la desigualdad y le decimos a (Javier) Milei y a (Victoria) Villarruel: el pueblo unido jamás será vencido. Basta de despidos a los trabajadores del sector público y privado».
Además, cargaron contra las privatizaciones y el desmantelamiento del Estado. También se pronunciaron sobre la situación del sector pasivo y se reclamó el aumento de las jubilaciones y pensiones. El documento también hace una fuerte defensa de la salud y de la educación pública, gratuita y laica en todos los niveles.
Reclamaron además que se «garanticen y amplíen los derechos de todos nuestros niños a la ciencia, la educación, la salud y la vivienda» y la efectiva aplicación de las leyes de protección a las infancias, «por niñeces y adolescencias libres de toda violencia». En esa línea, rechazaron «la baja de la edad de punibilidad y los proyectos de ley que criminalizan a los adolescentes».
El documento también hace referencia al acuerdo con el FMI, señalando que «la deuda es con el pueblo, plata para jubilaciones, medicamentos, empleo protección social, vivienda, salud y educación».
Finalmente, exigen «a los tres poderes del Estado la anulación del decreto 70/23, la Ley bases, las facultades delegadas en cumplimiento de la Constitución y del decreto habilitante de las FFAA en inteligencia y seguridad interior».