La movilización será a partir de las 18, con cuestionamientos a los procesos judiciales y la atención de salud.
Organizaciones de mujeres y disidencias marcharán hoy para denunciar una vez la persistencia de la violencia de género. La concentración será a partir de las 16.30 en la plaza 9 de Julio, para marchar desde las 18. Por la mañana habrá también una manifestación frente a la Ciudad Judicial.
En la convocatoria a la marcha de la tarde, la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta recordó que este año se cumplen 10 años de la declaración de emergencia de género en la provincia. «Sin embargo, no hay cambios que hagan ceder los números de femicidios ni la violencia que padecemos a diario, tanto en las calles como en los procesos judiciales y burocráticos», aseguró.
La Asamblea denunció la revictimización de las personas que sufren estas violencias. Por un lado, señaló la violencia judicial: «se desestiman las causas por violencia de género, y en caso de que no, van tan lento que muchas veces el femicida llega primero», y lo mismo ocurre en casos de abuso, afirmó. «Nuestrxs hijxs también padecen estas violencias no solo por el asesinato de sus madres, sino porque no pueden ejercer sus derechos, y los juicios por alimentos también son parte de la larga espera a la que se nos expone».
«Basta de violencia vicaria», reclamó la Asamblea. En la misma línea, cuestionó que sí hay celeridad en la justicia «cuando el que denuncia es el padre, que consigue medidas judiciales espontáneas. Y en los casos más graves, (niñas y niños) son entregados a padres denunciados por violentos o abusadores».
Asimismo, la Asamblea exigió «una justicia en la que los que investigan y juzguen estén alejados de cualquier sospecha de violencia de género».
«Exigimos que se avance en la implementación de la perspectiva de género y se respete la Ley Micaela y los tratados internacionales de erradicación de la violencia por motivos de género», reclamó.
En cuanto a la atención de salud, la Asamblea exigió que «se prevenga la violencia obstétrica y se otorguen recursos para ello: mientras luego de casi diez años se reglamentó la ley de salud intercultural, a la par en el Hospital (Juan Domingo) Perón de Tartagal se echaron a las facilitadoras bilingües parteras», acusó.
En este apartado las mujeres y disidencias de la Asamblea manifestaron su oposición «al cobro por atención sanitaria a mujeres migrantes».
Por otro lado, respecto de políticas públicas nacionales, pidieron que «el regreso del Plan ENIA (Plan nacional de prevención y reducción del embarazo no intencional en la adolescencia)» y la «implementación efectiva de la ESI (Educación Sexual Integral)«.
Asimismo, con condenaron el triple lesbicidio de Barracas, sobre el que señalaron que se cometió «en un contexto de discursos de odio». También cuestionaron la burocracia estatal y reclamaron «entreguen la mercadería».
De la manifestación en la plaza 9 de Julio también participarán mujeres wichís de las comunidades Sarmiento y Lucero que reclaman acceso a vivienda, educación y el título de sus tierras.
Por otra parte, la Asamblea también reclamó que el gobernador Gustavo Sáenz firme el ingreso de Irene Cari al Observatorio de Violencia contra las Mujeres.
Contra la lentitud de los procesos judiciales
Las colectivas Autoconvocadas, Madres Protectoras y Criando Solas convocaron a una movilización en la Ciudad Judicial, entre las 9.30 a 12.30 con el objetivo de «visibilizar todos los tipos de violencia sufridos por mujeres, niños, niñas y adolescentes e identidades diversas en manos del poder judicial salteño».
Las colectivas vienen cuestionando la «lentitud, desidia, falta de perspectiva de género y de resolución» de los casos que las afectan.
La manifestación será para exigir que la Justicia «garantice los derechos de las víctimas y no de los femicidas, violentos y abusadores, deudores alimentarios y abandónicos». «Basta de violencia institucional hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes por parte del Poder Judicial. Basta de revictimización en los procesos judiciales y juicios. Basta de desestimar las causas de violencia». Asimismo, para pedir que «se respeten las leyes que siguen vigentes, como los tratados internacionales de erradicación de violencia hacia las mujeres y la Ley Micaela«. Pedir «celeridad en los casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes»; en las causas de violencia por motivos de género y violencia económica y medidas efectivas contra los deudores alimentarios.
Estas colectivas también vienen sosteniendo, entre otros reclamos, que se aplique perspectiva de género en las decisiones que toman las y los operadores del Poder Judicial, y que cese la criminalización de las madres. En la convocatoria también sostienen: «Basta del secuestro institucional de los hijos a las madres que denuncian violencia de género y abusos», exigen la «inmediata restitución de esas infancias secuestradas», que no se entreguen «nuestros/as hijos/as a los violentos y abusadores».