Padres presentaron una nota al gobernador solicitando que en el 2021 se garanticen las clases presenciales en Salta. Plantean la inexistencia de un plan concreto. Consideran que la escuela cumple un rol de socialización, contención social y detección temprana de problemas relacionados a la salud, la violencia intrafamiliar o el aprendizaje.
Anticipándose al nuevo período escolar, un gripo de padres solicitó a las autoridades que se tomen las medidas para el inicio regular de las clases presenciales, con las adecuaciones necesarias por la emergencia sanitaria.
Esto se plasmó en una nota remitida al gobernador dónde afirmaron que el mandatario debe asegurar que se realizarán todas las gestiones y se analizarán todas las alternativas para que las clases presenciales se inicien en tiempo y forma.
El representante del grupo, Roque Rueda, contó a Salta/12 que la presentación surgió a raíz de la preocupación que tienen ante la ausencia de respuestas concretas sobre cómo va a continuar la educación en Salta. Tanto que lo único que hasta el momento se conoce es la continuidad de la enseñanza virtual, que «es remota», «no se cumple» y «no se acerca siquiera a suplir la educación presencial».
Rueda destacó que la escuela, entre sus funciones, aparte de ser pedagógica, cumple un rol de socialización, contención social y detección temprana de problemas relacionados a la salud, la violencia intrafamiliar o el aprendizaje. «Es una serie de cuestiones que en los hechos son atendidas por la escuela presencial y si no está, no son atendidas por nadie», cuestionó.
Estas son las razones por que padres y madres instaron a través del petitoria a que todas las áreas involucradas en las decisiones, Educación, Salud, Trabajo o Transporte, tomen intervención amparados por las leyes, decretos, instrucciones operativas, protocolos y «demás normas que resulten pertinentes, y realizando todas las acciones de gobierno que sean necesarias para dicho propósito».
Expresaron que desde hace ocho meses, en Salta los alumnos «han venido sufriendo en forma directa las consecuencias de una situación que nadie pudo prever y que tiene componentes de incertidumbre que hacen evidentemente muy difícil tomar decisiones». Pero, sostuvieron que dado el tiempo transcurrido es necesario que el gobierno provincial ya emita «seguridades» y «garantías» para que se haga efectivo el derecho a la educación.
Rueda señaló que hay mucha desigualdad y diversidad entre las instituciones y las familias, algunas «tienen mayores oportunidades de suplir lo presencial con lo virtual». Hasta el momento, dijo que la «experiencia es de falencia y si nos atenemos a lo aprendido, nuestros hijos han aprendido mucho menos», evidenciando que, la educación virtual no es capaz de suplir a la presencial.
Indican que, transcurridos ocho meses del cierre de los establecimientos educativos, se «exige la definición de alternativas superadoras». «La clausura del servicio educativo no parece ser ya un ejercicio razonable del poder de policía del Estado», manifestaron.
Rueda sostuvo que en el caso de la decisión sea continuar con la enseñanza virtual, debe haber una discusión sobre el presupuesto que se destinará a ese fin. «Nuestro sistema educativo no está pensado en la virtualidad», subrayó y entendió que por eso, antes de continuar, es indispensable una adecuación.
No sólo se trata de cuestiones de acceso a la conectividad o uso de dispositivos, sino que también está la cuestión de la disponibilidad de tiempo y formación que puedan tener los padres al momento de colaborar en la educación en casa. «Por más esfuerzo que hagan los docentes, ha sido una cosa durísima en donde incluso han obtenido resultados que los desalientan», dijo Rueda.
Por eso, indicaron en la nota que no se debe continuar con una inacción del Estado provincial que esté «a la espera de soluciones externas» como la producción y distribución de la vacuna para la covid-19. «El Estado no puede seguir justificando la no prestación del servicio mediante la invocación sin más de la pandemia», sentenciaron y agregaron que de seguir en la misma modalidad se incurrirá en una clara violación de derechos constitucionales.
Afirmaron que el gobierno de Sáenz no puede «ampararse dogmáticamente» a disposiciones de emergencia que pueda emitir el gobierno nacional, u organismos de naturaleza intrafederal como el Consejo Federal de Educación (CFE) porque la Provincia tiene independencia para la toma de decisiones.