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Sociedad

La UNSa adhirió al proyecto de Ley de la Memoria

El pedido de adhesión lo realizó la ADIUNSa. 

Durante la última sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta se aprobó la adhesión al proyecto de Ley de la Memoria, Verdad y Justicia de Salta, que tomó estado parlamentario el 27 de septiembre en la Cámara de Diputados de la provincia. El pedido de adhesión a la institución universitaria fue realizado sobre tablas por la Asociación de Docentes e Investigadores de Salta (ADIUNSa). 

Por la mañana, representantes de los organismos de derechos humanos se reunieron con el rector Daniel Hoyos, quien expresó entonces la voluntad de acompañar la iniciativa. De acuerdo a lo informado por los organismos, el proyecto será tratado en la próxima sesión de Diputados, el martes 8 de noviembre.

La iniciativa legislativa surgió de la Mesa de Derechos Humanos de Salta y la Asociación Miguel Ragone, y fue presentada públicamente el 12 de octubre. Con ella se pretende impulsar políticas públicas de memoria sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo estatal, con el objetivo de promover una cultura de respeto por los derechos humanos y la democracia. 

Ayer, antes de la votación de las y los consejeros, habló la integrante de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo y de la Mesa de Derechos Humanos, Elena Rivero, quien sostuvo que la Universidad Nacional de Salta cuenta con «toda una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos humanos» y con estudiantes y profesores que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Con estas y otras razones Rivero insistió en que la Universidad pública debe mantener una definición clara sobre el proyecto de ley que entiende que «la memoria es una construcción colectiva» y que «Memoria, Verdad y Justicia» son pilares de un Estado de derecho y democrático. «No buscamos revancha, sino que estamos exigiendo que se conozca la verdad y se juzgue a los responsables del terrorismo de Estado, y que todos aquellos que de alguna forma fueron lastimados, tengan una reparación», expresó. 

También manifestó su preocupación por el desconocimiento que existe en la ciudadanía salteña -principalmente de parte de la juventud- sobre los hechos que acontecieron en la provincia y el país. Relató que se encuentra con jóvenes que no saben quién fue Miguel Ragone, que además de ser ex gobernador de la provincia, fue secuestrado y desaparecido el 11 de marzo de 1976, cuando salía de su domicilio para dirigirse a su trabajo. 

En ese sentido, Rivero subrayó que contar con una legislación de este tipo permitiría mantener una participación activa del Estado, viabilizando un trabajo para que todos los planes educativos de todos los niveles de educación puedan tener acceso a los hechos que se vivieron en Salta y el país durante el terrorismo estatal. «Vamos a dar un paso adelante», señaló. 

Al mismo tiempo, afirmó que la importancia de una pronta aprobación del proyecto de Ley de Memoria también radica en la existencia recurrente de «corrientes que niegan lo que pasó con la dictadura» y que «están dispuestos a levantar banderas que creemos que son verdaderamente delictivas». «Nos parece que la UNSa tiene que ponerse adelante», indicó. 

Por su parte, la integrante de HIJOS Salta y de la Mesa de Derechos Humanos, Canela Álvarez, afirmó que la iniciativa no sólo compete a integrantes de los organismos de derechos humanos, sino que debe ser un reclamo de toda la sociedad salteña. 

Álvarez es docente en la Universidad, por lo que contó que desde su ejercicio profesional asumió la responsabilidad de «transmitir y poder seguir conversando sobre lo que sucedió en nuestra provincia para poder seguir construyendo una sociedad con democracia». «Creemos que nos trasciende a nosotras y es una responsabilidad que también debe asumir la Universidad y la sociedad», subrayó. 

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