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Policiales

Escándalo en Salvador Mazza

Los fiscales consideraron para la asociación ilícita que el intendente Rubén Méndez Salazar “es quien dirige la empresa criminal, designando los miembros y asignando las funciones respectivas». Elevaron a imputación a 12 acusados, familiares y funcionarios.

En el decreto de citación de audiencia de imputación prevista para hoy en la fiscalía de Tartagal, los fiscales destacan el trabajo minucioso y de seguimiento sobre las líneas de investigación. Elevan la imputación a los 12 acusados por distintos delitos, aunque Méndez es quien aparece en forma más recurrente. Esos delitos son enriquecimiento ilícito, peculado, negocios incompatibles con la función pública, omisión maliciosa de presentar declaraciones juradas, incumplimiento de deberes de funcionario y por último el delito de asociación ilícita.
Los imputados y su carácter dentro de la investigación son: Rubén Méndez Salazar (intendente); Ivanna Irene Méndez (hija); Roque Maximiliano Méndez (hijo); Susana Angelita Palacio (expareja); Juan Marco Méndez (hermano); Roberto Orellana (secretario de Obras Públicas); Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado); Jesús Manuel Gijena (cuñado); Roberto Justo Balverdi (secretario de Hacienda); Ángela Paola Beatriz Gijena (actual pareja) y Jesús José Antonio Reinos Méndez (sobrino).
Los fiscales consideraron para la asociación ilícita que el intendente Méndez “es quien dirige la empresa criminal, designando los miembros y asignando las funciones respectivas; en efecto«, el imputado Roque Maximiliano Méndez es quien se encarga de controlar el cumplimiento de las directivas criminales impartidas por el intendente y, en particular, de la recaudación de sumas de dinero. Por su parte, los incusos Juan Marco Méndez y Oscar Rodolfo Gutiérrez son quienes recaudan el dinero de los puestos municipales de cobro de tasas y contribuciones, para luego trasladarlos al domicilio particular del intendente, de donde se retiran los encartados Juan Marco Méndez y Gutiérrez con los bolsos vacíos, evidenciando un circuito espurio del dinero recaudado en los puestos señalados. Mientras que el encartado Jesús Manuel Gijena es la persona de confianza del intendente ocupándose de controlar la recaudación y funcionamiento del puesto VOVE. Por su parte, Roberto Orellana y Roberto Justo Balverdi son quienes ejecutan las directivas criminales en el ámbito de las secretarías de Obras Públicas y Hacienda. Respecto de las imputadas Ivanna Irene Méndez y Susana Angelita Palacio, son quienes se encargan de la actividad económica privada del intendente y recibir los beneficios de las maniobras delictivas. Por último, los encartados Ángela Paola Beatriz Gijena y Jesús José Antonio Reinoso Méndez, como personas de confianza del intendente (pareja y sobrino, respectivamente) participan del circuito del dinero obtenido por la empresa criminal.

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