La huelga comenzó este martes, día en que se instaló una «carpa judicial», con adhesiones de los distritos de Metán y Orán.
Empleadas y empleados judiciales iniciaron este martes un paro de actividades que tienen previsto se extienda hasta el jueves, en protesta ante la falta de respuestas favorables a un reclamo salarial que sostienen desde marzo. Denunciaron que mediante una acordada, la Corte de Justicia de Salta buscó impedir el ejercicio del derecho a huelga, ya que decidió realizar descuentos de los días de paro.
La huelga comenzó este martes, día en que se instaló una «carpa judicial», con adhesiones de los distritos de Metán y Orán. Mediante esta medida de fuerza se le exige a la Corte el adelanto de un porcentual que estaba previsto para agosto; el pedido del pago adelantado se debe al contexto económico actual del país marcado por la inflación y la crisis.
«En principio la medida es hasta el jueves 8 inclusive, mañana al mediodía hay asamblea y veremos cómo se sigue», explicó la delegada de la Asamblea, Bertha Lozano.
«Nuestro paro era con asistencia a los lugares, nos dijeron que si íbamos, es decir, marcábamos (tarjeta de asistencia), era una falta grave, por lo que nos obligaron a hacer el paro sin asistencia, no dejando ni siquiera margen para llamar a asamblea, y de ser necesario modificar la modalidad», precisó Lozano.
El lunes hubo una mesa de negociación, arbitrada por la Secretaría de Trabajo de la provincia, entre la Agremiación Judicial y representantes de la Corte de Justicia, que dió a conocer la acordada Nº 13926, mediante la cual buscó desalentar el acatamiento a la huelga judicial.
La delegada detalló que les informaron que tendrán descuentos en caso de no prestar servicios, «lo que implica una ‘amenaza previa’ porque ni siquiera se había iniciado el paro, esa acordada la notificaron en la tarde de ayer (del lunes) en la Secretaría de Trabajo a la Agremiación«.
«La Corte de Justicia unas horas antes intimidó con la acordada N° 13926, dejando poco margen para transmitir a los compañeros que llegaron y marcaron el ingreso y luego no pudieron salir al paro», relató Lozano respecto a lo sucedido este lunes. También explicó que los descuentos por «día no trabajado» dependen de cada sueldo y no están todos en las mismas condiciones.
«La conducción del gremio tiene la obligación de no exponer a las bases y con esto ponerse al frente de la medida, es decir si bien algunos hemos acatado el paro más allá de la acordada, esta acordada ha modificado el escenario y cumplió el principal objetivo (de) que muchos compañeros desistan de la medida y muchos se vean obligados a seguir trabajando», señaló la delegada.
El secretario general de la Agremiación Judicial, Matías Aramayo, dijo en declaraciones a Canal 2 que desde la conducción iniciaron un ayuno. «Que la justicia no sea justa con sus trabajadores es algo que no tenemos que permitir», manifestó. También cuestionó que mediante la acordada la Corte les haya dicho que no pueden reclamar.
Aramayo señaló que mientras se cuestiona el reclamo de otros sectores por organizarse de forma autoconvocada, a la Agremiación Judicial, que lo está haciendo por las «vías legales» exigidas, tampoco le garantizan el derecho a huelga «previsto por la Constitución«, ni les dan una solución.
El gremialista no mencionó de forma explícita a la protesta de docentes autoconvocados, pero es la que lleva semanas y a la que se unió luego la protesta de trabajadores de la salud. Esa organización autoconvocada desconoce la representación de los gremios en las negociaciones ante el gobierno provincial y la vez éste último no reconoce a autoconvocados como sujetos válidos en esa negociación. El 25 de mayo magistrados de este mismo Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal ordenaron la detención y decidieron imputar a maestras y maestros que se manifestaban.
«Al único gremio que lo está haciendo de la manera prescripta nos dicen que no podemos reclamar. Es anecdótico y marca un precedente», consideró Aramayo.
Asimismo, Lozano dijo que durante la mañana del lunes no tuvieron diálogo con la Corte ni con el Colegio de Gobierno del Ministerio Público, «ni hay fecha prevista para una mesa de diálogo respecto el reclamo salarial iniciado hace más de 2 meses».
Añadió que esta situación tiene relación con otro de los reclamos que sostienen, respecto a la necesidad de contar con un convenio colectivo de trabajo, debido a que en el ámbito judicial todo está reglamentado por «acordadas y de manera unilateral».
«Desde diciembre estamos pidiendo el ámbito de discusión, después hemos abordado una conciliación obligatoria. Ésta se ha vencido en el tiempo, entendimos que no es satisfactoria la propuesta que hicieron. Después recurrimos a seis negociaciones no obligatorias, pero en el marco de la Secretaría de Trabajo también, cuando fuimos el mes pasado la oferta sobre la mesa fue retirada, con los otros puntos tampoco hubo un avance», declaró Aramayo.
En el Poder Judicial las recomposiciones salariares se fijan mediante porcentuales que a su vez dependen de los sueldos de juezas y jueces de la Corte, es el conocido como sistema de enganche. «No sabemos cuánto cobra un juez de Corte o (magistrados) del Colegio de Gobierno, esto afecta la negociación», explicó Aramayo, ya que dependen de la «buena fe» y desconocen «a ciencia cierta los datos objetivos» para fijar cuál debe ser el salario de las trabajadoras y los trabajadores.
Aramayo dijo que servicios generales espera la recategorización desde diciembre y es «el sector más complicado y más frágil en cuanto a la economía». También indicó que hay trabajadores prontos a jubilarse que no tienen el 82% móvil como otros sectores de la justicia, sino un 52%.