Los temas económicos son la prioridad del Gobierno. Muchos de esos proyectos buscan apuntalar el crecimiento económico que se dio tras dejar atrás las principales restricciones sanitarias.
El Gobierno finalmente concretará la convocatoria a sesiones extraordinarias al Congreso nacional. “El llamado a Extraordinarias será el próximo martes convocando a partir del 1 de febrero. Los temas que incluirá están siendo analizados”, confirmó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. Desde la Casa Rosada ya habían dejado trascender que volvería a convocar al Parlamento antes del comienzo de las sesiones ordinarias que arrancan el 1 de marzo, mientras definía la agenda de temas que fija el Poder Ejecutivo y que tendrá como eje una serie de proyectos para robustecer el rebrote económico post pandemia. La lista también podría incorporar un eventual acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la reforma al Consejo de la Magistratura que terminó de apurar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que anuló la ley vigente hace 15 años y emplazó al Congreso a sancionar una nueva en cuatro meses o volver la antigua composición del organismo.
Los temas económicos son la prioridad del Gobierno. Muchos de esos proyectos buscan apuntalar el crecimiento económico que se dio tras dejar atrás las principales restricciones sanitarias. La lista de proyectos en danza son varios. Por ejemplo, el llamado Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, inclusivo, Sustentable y Exportador, que comprende una serie de beneficios impositivos y de promoción de inversiones para aumentar las exportaciones, impulsar el desarrollo del agro con cadena de valor agregado para generar puestos de trabajo. Lo mismo sucede con el proyecto de ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz y autopartista y su cadena de valor. Un régimen que abarcará los procesos de producción de automóviles, pick ups, vehículos comerciales, buses y camiones, así como motorizaciones y autopartes, y que otorgará beneficios impositivos en varios años a medida que se alcance los niveles mínimo fijados para la inclusión de componentes de fabricación nacional.
En el temario también figuraría el proyecto de Promoción de la Movilidad Sustentable, que prevé generar en los próximos 10 años inversiones por 8.300 millones de dólares y crear más de 21.000 puestos de trabajo con el del reemplazo gradual de vehículos de combustión interna por autos eléctricos con el desarrollo tecnológico de la industria nacional. Del mismo modo, el Régimen de Promoción de Inversiones Hidrocarburífiras, que busca «escalar las exportaciones de petróleo y gas natural, aumentar el ingreso de divisas y fortalecer las reservas del Banco Central«, de acuerdo a las estimaciones oficiales formulados con anterioridad. Otra iniciativa en carpeta es la promoción a la Industria del Cáñamo y del Cannabis medicinal, que ya tiene media sanción del Senado y dictamen de la Cámara de Diputados pero que no llegó al recinto para transformarse en ley. Un mercado que crece internacionalmente en la medida que se autoriza su uso para fines médicos y terapéuticos y que el país podría desarrollar en distintas provincias. Según las propias estimaciones oficiales en menos de cinco años esta industria crearía 10 mil nuevos empleos, y la venta de 500 millones de dólares anuales en el mercado interno y 50 millones de dólares en exportaciones.
Casi todos estos proyectos habían sido girados al Congreso pero ninguno completó (o ni siquiera inició) su trámite parlamentario, a pesar que el Ejecutivo prorrogó las sesiones ordinarias hasta fin del año pasado. Aún está en suspenso discutir el eventual acuerdo que logre el gobierno nacional con el FMI por la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.
Por fuera de los temas económicos también podría ser parte de la agenda de extraordinarias la iniciativa oficial para ampliar la integración del Consejo de la Magistratura de sus actuales 13 miembros a 17. Un proyecto que el Ejecutivo envió al Senado previo al fallo de la Corte Suprema, que declaró “inconstitucional” la reforma realizada en 2006 y emplazó al Congreso a sancionar una nueva ley en 4 meses o volver a la antigua composición de 20 miembros con mayor participación de los estamentos de abogados, jueces ya académicos.