La Asociación de Magistrados envió una carta a las comisiones del Senado que trataron el tema y pidió ser escuchada.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se presentó en el Senado donde se debate la reforma judicial para plantear una serie de observaciones al proyecto y advertir que “esta propuesta hoy resulta inoportuna” porque la sociedad hoy “está más preocupada por las cuestiones derivadas de la pandemia que asola a todo el planeta y sus derivaciones económicas, particularmente en nuestra Nación”.
“No parece razonable reducir los tiempos prudentes para trabajar seriamente este proyecto, prescindir de opiniones ineludibles, y la intervención de las áreas pertinentes para dar fundamento y respaldo a cada modificación propuesta”, sostuvo el titular de la entidad Marcelo Gallo Tagle.
En dos notas presentadas ante las comisiones de Asuntos Constitucionales, y Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, la entidad hizo llegar una serie de observaciones no solo sobre el proyecto que se envió al Congreso sino también sobre el consejo de expertos que fueron convocados por el Ejecutivo para elevar propuestas en torno al funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público, entre otros puntos.
“Quienes integramos el Poder Judicial y los Ministerios Públicos compartimos las necesidades de incorporar modificaciones para reformar el Poder Judicial y obtener un servicio más idóneo. Pero también advertimos que esta propuesta hoy resulta inoportuna. No es esta cuestión la que, al presente, persigue o demanda nuestra sociedad, la cual está más preocupada por las cuestiones derivadas de la pandemia que asola a todo el planeta y sus derivaciones económicas, particularmente en nuestra Nación”, se recalcó.
A la hora de las críticas, los jueces hablaron de la unificación de fueros en medio de la esperada implementación del sistema acusatorio. “Frente a tribunales con toda su estructura de recursos y su asiento físico, el proyecto nos presenta solo 23 nuevas fiscalías sin un espacio donde funcionar ni una dotación de personal”, pero “una situación aún más grave nos muestra el formato que el proyecto le asigna a las defensorías públicas”.
Además, se sostuvo que ”con un proceso acusatorio no son necesarios 46 Juzgados de Garantías en la Capital, la mayor carga de trabajo cae sobre las fiscalías. Hoy en día no se requiere una organización en espejo y con la misma cantidad de dependencias. Ya no importan los cargos ni sus equivalencias, lo importante son las funciones que cada magistrado cumple”. Y la nota resaltó que “el proyecto desatiende los estándares internacionales en materia de niñez y adolescencia, pues no prevé ningún ámbito específico que intervenga en tan importante especialidad, ya sea jurisdiccional o en los Ministerios Públicos”.
Tampoco “atiende a la materia de Ejecución. Se necesita un estudio pormenorizado en la materia para determinar qué órganos supervisaran el cumplimiento de las penas y las medidas alternativas y si, por ejemplo, es necesaria la creación de juzgados federales con competencia de ejecución en el interior del país”, se precisó.
En otro punto, los magistrados añadieron que no explican las razones de por qué unir el fuero Civil y Comercial Federal y el Contenciosos Administrativo Federal. Y afirmaron que “en cuanto a la justicia federal del interior se crean 94 juzgados federales penales, pero no se explica con qué criterio se distribuyeron en algunas localidades en desmedro de otras”.
“No se invoca ni se muestra la circunstancia de haber realizado un estudio pormenorizado del mapa judicial penal del país del que se desprenda la regulación territorial propuesta. Lo mismo ocurre con la defensa oficial: se crean 23 defensorías, sin poder entenderse en qué consiste la decisión de crear una por cada provincia, sin distinguir las necesidades reales y probadas de cada región”, se agregó.
En torno al traspaso de competencias de la Justicia Nacional, la asociación de jueces aseguró que “el proyecto de ley importa además el completo desguace y desmantelamiento de este centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistrados”.
“Este proceder vulnera la estabilidad e intangibilidad de la función judicial, que como sabemos constituyen reaseguros de la imparcialidad de quien tiene a su cargo la función de juzgar. En cuanto a este punto, además, podríamos preguntarnos por qué resulta ilegítimo que quien integra la magistratura nacional pase a ser federal si no media el acuerdo del Senado, pero sí pueda pasar a integrar la justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA sin aquel requisito”, se advirtió.
La Asociación advirtió además que podría generar numerosos conflictos a futuro el régimen de Concursos. “Sorpresivamente no hace ninguna mención a los antecedentes de quienes concursan, lo que echaría por tierra la carrera judicial y, además, se excluye el examen escrito, que es la única forma que puede garantizarse el anonimato a la hora de corregir las pruebas rendidas”, se afirmó.
Sobre la decisión para que los nuevos juzgados del fuero federal se hagan cargo de las causas nuevas, la entidad opinó que “esta disposición genera suspicacias dado que toda persona que sea imputada durante ese período quedará sometida a un/a juez/a y a un/a fiscal subrogantes (revestirán este carácter las/os fiscales encargadas/os de las dependencias 24 a 46), designados por un sistema ad hoc distinto del actual y también de la forma de designación efectiva”. “Tampoco se entiende la razón de que se fije el término de un año, ya que, si en realidad se trata de un mecanismo de compensación, debería estar sometido a un control de equilibrio desvinculado de un plazo fijado de antemano”, se agregó.