Los procesamientos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del exministro de Planificación Julio De Vido y empresarios están vinculados a contratos de obra pública.
La Cámara Federal de Casación Penal dejó firmes hoy los procesamientos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del exministro de Planificación Julio De Vido y empresarios al rechazar por «inadmisible» un recurso de queja en la parte del caso cuadernos vinculada a contratos de obra pública.
La decisión fue de la sala III del máximo tribunal penal del país, que rechazó por inadmisible un recurso de queja de la defensa de la vicepresidenta, con lo que quedaron firmes los procesamientos en esa parte del caso vinculada a maniobras de cartelización de obra pública, según el fallo al que tuvo acceso Télam.
En esta parte de la pesquisa que tramita por separado de la causa central, los camaristas Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Guillermo Yacobucci rechazaron la queja del abogado Carlos Beraldi contra los procesamientos dictados.
Se trata de los procesamientos de Cristina Kirchner, Julio De Vido, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y empresarios de la construcción como Carlos Wagner, Benito Roggio, Osvaldo De Sousa, María Rosa y Gerardo Cartellone y Angelo Calcaterra.
También están procesados Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta, Tito Biagini, Héctor Sánchez Caballero y Patricio Gerbi, entre otros, en la causa que se conoció como «camarita».
Todos están acusados por supuesta asociación ilícita y 175 casos de cohecho entre 2003 y 2015.
«La decisión impugnada no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena», concluyó el Tribunal al rechazar la queja por inadmisible.
La parte central del caso cuadernos, ya enviada a juicio oral, está actualmente bajo revisión de la sala I de Casación Penal que tiene que resolver un planteo de las defensas por la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido.