En el marco de la ayuda del organismo, que hará emisión especial de los Derechos de Giro, el Gobierno espera la ayuda para financiar la expansión fiscal
De una manera discreta pero con una intención firme, el Gobierno trabaja para que el Fondo Monetario Internacional ayude a la Argentina para enfrentar la pandemia del coronavirus. El ministro Martín Guzmán ya lo hizo saber en el último contacto (virtual) que mantuvo con sus pares del G20, y hay movimientos para lograr el respaldo de un grupo de países de ese conglomerado.
Alberto Fernández ya dijo -en público, pero también lo reforzó en privado en diálogo con algunos de sus ministros- que no quiere un incremento en el endeudamiento con el Fondo. Pero las tratativas de las últimas horas van en otra dirección.
En concreto, la aspiración refiere a que el FMI haga una emisión especial de los denominados «Derechos de Giro» (DEG) y haga un reparto entre los países miembro, tal como realizó durante la crisis de 2008-2009.
Esas líneas, en caso de concretarse, son automáticas y no conllevan ninguna condicionalidad. Es decir, el Fondo envía dinero pero sin pedir nada a cambio.
La intención del Gobierno es que, por esa vía, el Directorio del FMI envíe alrededor de u$s3.000 millones a la Argentina. Es lo que le correspondería, según los cálculos que hacen en la Casa Rosada, en base a la cuota que el país tiene en el organismo.
En el equipo económico afirman que ese dinero serviría para financiar el déficit de las cuentas públicas, que se agrandará en los próximos meses por los esfuerzos que ya está haciendo el Tesoro en medio de la pandemia y el agravamiento de la crisis económica.
Además, el envío serviría como un refuerzo especial para las reservas del BCRA, justo cuando hubo una caída por las presiones cambiarias generadas por las turbulencias financieras globales.
«Lo importante es que ese dinero sería del Tesoro -no del Banco Central-, con lo cual se usarían para hacer frente a gasto corriente en medio de la crisis, para enfrentar el desplome de la actividad económica», comenta un funcionario que está al tanto de las conversaciones a iProfesional.Te puede interesar
El objetivo del Gobierno es que el Fondo apruebe esa emisión extraordinaria de DEG en la próxima asamblea anual, prevista para los días 17 a 19 de abril. Ese tradicional encuentro se desarrollará vía virtual por la pandemia de coronavirus.
Obviamente, la agenda de esa cumbre tomará exclusivamente al shock mundial y existen grandes chances -creen en Economía- de que el Fondo y el Banco Mundial aprueben medidas extraordinarias para asistir a los países.
La evaluación de los funcionarios es que, como ya sucedió hace una década, los países desarrollados tienen un gran margen para adoptar medidas de excepción -es lo que vienen haciendo tanto Estados Unidos como la Unión Europea, con emisiones de dólares y euros históricas y bajas en las tasas de interés-, mientras que los organismos se focalizan en los países más pobres.
De hecho, ayer miércoles, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, se mostró a favor de que se suspenda el cobro de la deuda externa de las economías más pobres, la mayoría africanas.
Para las economías emergentes, el Fondo puso a disposición líneas especiales por unos u$s50.000 millones. Pero la Argentina se encuentra en una situación particular: tomó u$s45.000 millones en los últimos dos años y ahora, más que pedir fondos adicionales, está obligado a empezar a devolver esa montaña de dinero.
Por eso, la estrategia se concentra en pedir que el FMI haga lo mismo que en 2008-2009: la asistencia excepcional, sin condicionalidades, a los países socios.
El Gobierno asume que la propuesta de Guzmán cuenta con el respaldo de algunos peso pesado dentro del Directorio del organismo: China, Francia y Canadá. Además del esperado apoyo de los países latinoamericanos.
El acuerdo que en el mediodía del miércoles presentó Alberto F. por parte del Banco Mundial fue tomado como un verdadero patrocinio en esa negociación particular con el Fondo Monetario.Te puede interesar
Durante una videoconferencia, el Presidente y el vice del BM, Axel van Trotsenburg, anunciaron un crédito por u$s300 millones para la protección social y minimizar el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables.
El organismo multilateral realizará dos desembolsos. Uno en 2020 por 165 millones de dólares, y otro en 2021 por 135 millones.
Esta primera parte de una serie de créditos que el Banco Mundial otorgará a la Argentina tiene como objetivo reforzar el Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes de la ANSES, para garantizar la inclusión de 350.000 niños que aún no son alcanzados por la política de Asignación Universal por Hijo (AUH) que lleva adelante el Gobierno.
Una fuente de la Rosada comentó a iProfesional que, además de lo ya anunciado, se está negociando con el Banco Mundial líneas especiales para otorgar subsidios a proyectos de salud y alimentarios para atender la crisis.
Cuando Guzmán habló la semana pasada frente a sus colegas del G20, el ministro llamó a utilizar «toda la caja de herramientas de políticas económicas para proveer liquidez global».
Reivindicó la activación de líneas «swaps» bilaterales con las economías más avanzadas, como la que la Argentina tiene con China.
A lo que ahora se suma la posibilidad de un incremento de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario.
El antecedente
Te puede interesar
El dinero que se busca del Fondo tiene su antecedente en la crisis del subprime de 2008-2009. En aquel momento, el directorio ejecutivo del FMI asignó la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) por un monto equivalente a 250.000 millones de dólares.
A la Argentina, en ese momento, le tocaron u$s2.500 millones, que ingresaron a las reservas del BCRA sin ninguna contraprestación.
Una vez que entran esos fondos, el Gobierno puede intercambiar esos DEG con otros socios del FMI. La idea es cambiarlos con Estados Unidos para recibir dólares. Como quedó dicho más arriba, corresponderían cerca de u$s3.000 millones.
En aquella instancia, los países en desarrollo obtuvieron unos u$s100.000 millones.
La decisión del Directorio del FMI debería ser aprobada por el 85% de los votos de la Junta de Gobernadores de la entidad. En el equipo económico creen que, así como en 2009 alcanzaron los votos, ahora también existe la firme intención de dotar de liquidez a los países.
En el Gobierno también siguen de cerca la negociación abierta entre Washington y Ecuador, un país que se ve doblemente perjudicado: por el derrumbe en el precio del petróleo y porque su economía se encuentra dolarizada y no puede emitir moneda.
Existen en el FMI otras líneas de acceso rápido, y sin condiciones, como la «Línea de Crédito Flexible (LCF)», creada en abril de 2009 y reforzada en agosto de 2010, pero es dudoso que la Argentina califique para recibirla.
Según el estatuto del FMI, las LCF son «un instrumento de crédito destinado a países en que las variables fundamentales de la economía son muy sólidas, y constituye primordialmente un mecanismo de seguro para la prevención de crisis. Una vez que el país ha recibido la aprobación correspondiente para utilizar la línea de crédito, no se le imponen condiciones de política».
Según reveló, Georgieva, un total de 80 países ya pidieron auxilio al organismo para recibir fondos de manera urgente. Y comentó que el Directorio está dispuesto a utilizar el máximo de la capacidad prestable.
Está claro: Alberto Fernández se mantiene estricto en su posición de no incrementar el pasivo con el FMI. En el gabinete respaldan esa férrea postura política. Algunos de los máximos colaboradores, no obstante, admiten que en medio de la pandemia y con una dinámica económica tan complicada, esa visión también pueda reverse en el corto plazo.
Será cuestión de seguir de cerca esa realidad. Acaso lo aconsejable, mencionan en el gabinete económico, sería no cerrar ninguna puerta.
Fuente: iProfesional