El sábado 21 nos enterábamos de otro femicidio en la ciudad de Bahía Blanca. Tal fue el caso de Susana Melo, de 53 años, asesinada por su ex pareja, Raúl Gregorio Costa, de 49 años, quien confesó haberla matado y abandonado en un camino vecinal ubicado en el kilómetro 7 de la ruta 252.
Asimismo, el viernes 20 por la noche, a horas de decretada la cuarentena obligatoria, Braian Miguel Arcez, de 19 años, fue aprehendido por balear en la cara a Susana Inés Frías, de 24 años, quien hoy se encuentra internada en el Hospital Penna.
Estos nuevos casos, junto con los cientos de llamados de denuncias durante la cuarentena nos llevó a preguntarnos ¿qué pasa con las mujeres expuestas a las expresiones más brutales de la violencia de género?
Quedarnos solas o en nuestros hogares muchas veces compartidos con nuestros agresores puede ser letal.
Los casos que conmovieron a la ciudad durante los últimos días no pueden ser considerados de forma aislada, principalmente cuando el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad hizo público que en el primer día de cuarentena recibió más de cinco mil llamados por violencia de género, y alrededor de 500 de ellos referidos a casos de alto riesgo. En el país las denuncias por violencia de género al 144 aumentaron en un 30% durante la cuarentena, ante lo que se hizo necesario ampliar la cantidad de números de contacto para comunicarse a través de mensajes a la par que sigue vigente la línea de llamadas. Que dicho sea de paso, las mujeres que trabajan en el 144 en su mayoría no pertenecen a la planta permanente del Estado, es decir que este servicio esencial está sostenido por el trabajo precario de otras mujeres. Todo ello nos muestra que el permanecer en los hogares para las mujeres no siempre es una opción viable, sino que nos arroja a situaciones de mayor vulnerabilidad.
Desde el Estado no hay respuestas concretas para los cientos de miles de mujeres que no solamente encuentran en su hogar un lugar de riesgo de ataques físicos, psicológicos o sexuales por parte de familiares y convivientes, sino que además tienen parcial o absoluta dependencia económica. La desigualdad salarial y los empleos de miseria a los que nos vemos empujadas también se constituyen como un factor de violencia de género, que con la cuarentena se ve recrudecido ya sea en la imposibilidad de disponer de nuestro dinero y tener que permanecer en el mismo espacio que los maltratadores, ya sea en la necesidad de seguir exponiendo nuestra salud en trabajos precarizados aún bajo la cuarentena para evitarlo.
Este desamparo hacia las mujeres por parte del Estado ha llegado mostrar su lado más reaccionario en Bahía Blanca con el caso de Rosalía, que fue condenada por homicidio a ocho años de prisión acusándola de «no brindar» a su hija recién nacida los cuidados necesarios, ocasionando su muerte; cuando es el Estado quien debía garantizar el cuidado de Rosalía y de su hija.
De acuerdo a los últimos datos del Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer del INDEC el 43% de los casos registrados de violencia de género fueron perpetrados por la pareja de la víctima, y el 39,1% por su ex pareja. El 7,3%, por otro tipo de familiares que en la mayoría de los casos conviven con la víctima en el mismo hogar. Llegamos hasta una situación como la actual, de confinamiento al interior de espacios que para las mujeres son de riesgo, sin un plan de viviendas, sin un plan general de violencia de género y con un presupuesto per cápita contra la violencia de género que se esperaba que llegase a los 19,82 pesos para este año, aún sumamente insuficiente.
En Bahía Blanca sólo hay un refugio para mujeres víctimas de violencia de género que cuenta con no más de 4 habitaciones, abierto en 2017, en una ciudad donde el porcentaje de femicidios entre los homicidios es, llamativamente, más alto que la media de toda la provincia de Buenos Aires.
Es por esto que un Plan Nacional de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres como el que viene presentando el Frente de Izquierda desde el 2014, y que el pasado 9 de marzo volvió a llevar al Congreso, se hace fundamental para que las mujeres dejemos de ser profundamente perjudicadas por las medidas estatales.
Exigimos plata para este plan de emergencia y no para la represión, que además de violentar aún más a las mujeres y de que es incapaz de contener los índices de violencia al interior de los hogares, en medio de la cuarentena y la crisis sanitaria realizan un despliegue policial reaccionario en las calles de la mano del intendente Héctor Gay en concordancia con lo dictado por Berni en provincia.
Junto con todo esto exigimos un plan integral para enfrentar la crisis del Coronavirus y dar una salida real contra la única medida “fuerte” que lanza el gobierno con el “quedate en tu casa». Exigimos la centralización de todo el sistema de salud, incluyendo toda la salud privada (desde los grandes laboratorios a las clínicas y hospitales privados), bajo gestión pública y control de trabajadores y especialistas, para garantizar la distribución gratuita de todo lo necesario para la detección temprana de la infección: desde los elementos básicos hasta los necesarios kits de test para que se realicen en forma gratuita y masiva a todo el que tenga síntomas, asumiendo el control de los grandes laboratorios privados, y todas las instalaciones necesarias para recibir a los eventuales infectados que necesiten internación: confiscando todas las salas que falten (hoteles, etc.) y proveyendo respiradores (mediante producción de emergencia, importación, etc.).
Aumento de emergencia de los presupuestos de salud y asistencia social, dejando de pagar la deuda externa e imponiendo impuestos progresivos y extraordinarios a los grandes capitalistas.
Por todo esto, llamamos a lxs trabajadorxs, las mujeres y la juventud a tomar en nuestras manos la lucha por medidas para enfrentar la crisis.
Fuente: Frente de Izquierda