Lo anunció hoy el vocero presidencial Manuel Adorni, en medio de la escalada con los gremios aeronáuticos.
El presidente Javier Milei firmará un decreto para declarar a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, anunció hoy el vocero presidencial Manuel Adorni en medio de la escalada con los gremios aeronáuticos.
“El presidente de la Nación va a firmar un decreto que declarará la empresa Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización, tal como lo habilita el artículo 90 de la Ley 23.696 llamada ‘Ley de Reforma del Estado”, indicó Adorni.
“Aerolíneas Argentinas arrastra un déficit crónico a raíz de las desastrosas gestiones que realizaron todos y cada uno de los gobiernos populistas, lo que provoca la necesidad de efectuar constantes transferencias de recursos públicos que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal. Desde su reestatización en el año 2008, los aportes del Estado nacional para cubrir el déficit de la compañía supera los 8.000 millones de dólares”, afirmó el vocero presidencial a modo de justificación.
“¿Por qué los argentinos, muchos de los cuales nunca han viajado en su vida, deben cubrir esta atrocidad? No tiene absolutamente ningún sentido. Evidentemente la falta de empatía ha reinado en la Argentina en los últimos años”, sostuvo Adorni.
En un nuevo intento por avanzar con la transferencia de la aerolínea a manos privadas, el oficialismo puso en marcha esta semana una nueva discusión en la Cámara de Diputados a partir de una iniciativa presentada por el PRO. El artículo citado hoy por Adorni especifica que la declaración del Poder Ejecutivo de que una compañía es “sujeta a privatización” le asigna trámite parlamentario de preferencia a la cuestión.
La misma ley especifica: “El acto que declare “sujeta a privatización” puede referirse a cualesquiera de las formas de privatización, sea total o parcial, pudiendo comprender tanto a una empresa como a un establecimiento, bien o actividad determinada”.
“El decreto del Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer, cuando fuere necesario, la exclusión de todos los privilegios y/o cláusulas monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias aún cuando derivaren de normas legales, cuyo mantenimiento obste a los objetivos de la privatización o que impida la desmonopolización o desregulación del respectivo servicio”, agrega.