La crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus empeoraba en España, donde los contagios llegaron hoy a más de 56.000 y los fallecidos superaron la barrera de las 4.000 personas, mientras un error de las autoridades en la compra de test rápidos de Covid-19 disparó las críticas a la gestión del gobierno.
La cifra de 8.578 nuevos contagiados fue la más alta desde que comenzó la pandemia. En cambio el número de 655 fallecidos bajó respecto de los 738 de ayer.
Del total de 56.000 personas contagiadas, 31.912 estaban hospitalizadas, 3.679 en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), según el último balance del Ministerio de Sanidad español.
Asimismo, 7.015 personas ya se curaron, el 12,5% del total, destacó el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, Fernando Simón, durante la videoconferencia diaria del comité de crisis.
En este escenario crítico, el Parlamento español validó esta madrugada el decreto gubernamental para extender hasta el 11 de abril el estado de alarma, que mantiene a la población bajo un confinamiento casi total desde el 14 de marzo último.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendió personalmente la medida de excepción que, aseguró, es un «sacrificio necesario para ganar tiempo».
Simón explicó que pese a que los contagios siguen creciendo, «la tendencia se va ralentizando», de ahí que las medidas adoptadas están teniendo un «impacto sustancial».
“Nos podríamos estar acercando al número máximo de casos notificados, lo que coloquialmente llamamos el pico de la curva”, aseguró por su parte el ministro de Sanidad, Salvador Illia, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados.
En ese sentido, el responsable sanitario indicó que España «está iniciando una fase de estabilización», ya que el incremento medio diario de casos notificados entre el 28 de febrero y el 16 de marzo fue de alrededor del 40%, mientras que en el periodo siguiente, del 17 al 24 de marzo, fue de alrededor del 20%.
El gobierno español insiste en defender el confinamiento, que sólo permite a los ciudadanos salir a la calles para ir al supermercado, farmacias y trabajar, siempre que se respeten las medidas de distanciamiento social.
Sin embargo, aumentan las voces que demandan un endurecimiento de las medidas y se sumaron al reclamo del presidente catalán, Quim Torra, que pidió un aislamiento total previendo un escenario muy similar al de Italia, con un pico de contagios esperado para finales de abril.
En tanto, el Ejecutivo de coalición de Sánchez intenta pasar página a un error relacionado con la compra de 650.000 test rápidos de Covid-19 que se emprezaron a sumar a la prueba estándar de PCR, de las que se realizan a diario unas 20.000 y que son fundamentales para tener una radiografía del avance de la pandemia.
Los primeros lotes de estos test comprados a China no funcionaban, ya que presentaban una sensibilidad del 30% cuando debía ser del 80%, reveló la prensa local.
Además, la embajada de China en España afirmó a través de su cuenta de Twitter que la empresa Shenzhen Bioeasy Biotechnology, a la que según algunos medios el gobierno compró estos test rápidos, «no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos».
Los responsables del Ministerio de Sanidad español admitieron que 9.000 test rápidos comprados a China eran imperfectos y que habían avisado a la comunidad Madrid, que los recibió, por lo que fueron «devueltos».
El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, subrayó que el problema afectaba a solo un proveedor y que España había encargado más de 5 millones de test y trabajaba con empresas biotecnológicas para producir a nivel nacional.
«No había ninguna alerta europea contra esa empresa y la compra se efectuó antes de que las autoridades chinas facilitaran una lista de proveedores al gobierno», argumentó Illia, en medio de los reproches de la oposición.
«Sánchez debe explicar por qué el gobierno no ha validado los test que ha comprado y que no funcionan, y si se han adquirido a una empresa sin licencia, como dice China. Si es cierto, estamos ante una auténtica irresponsabilidad que debe tener consecuencias», advirtió el líder del opositor Partido Popular (PP), Pablo Casado.
Fuente: Telam